¿A quién acudir?
Son lamentables las noticias que se conocen diariamente sobre los avatares de los propietarios de la hacienda lechera La Angostura —la familia Canelas—, una de las pioneras de Cochabamba en el rubro, a raíz del avasallamiento que hoy sufren esos predios.
Tras la invasión de la hacienda, se ha informado que, en general, en estas tomas ilegales operan consorcios, compuestos por jueces, fiscales y policías, que en vez de proteger los derechos constitucionales y legales de los propietarios favorecen, por el contrario, a los avasalladores y loteadores, que han conformado en Cochabamba grupos mafiosos que se enriquecen ilícitamente con estas actividades delincuenciales; cuatro o más conocidos cabecillas de estos grupos, y que inclusive ya han sido procesados y hasta sentenciados, han organizado bandas que se ocupan de invadir predios para después venderlos, bajo la condición de que en el lugar se construyan habitaciones precarias, como las que se ven hoy en las fotografías de la hacienda tomada La Angostura.
Son estos grupos tan desalmados, pero a la vez tan seguros de su impunidad, que han llegado a cometer un asalto a mano armada e incluso a encañonar y maniatar a uno de los cuidadores de la finca. Pero no sólo eso. En su afán de apoderarse del fundo, han obstruido —y destruido— las acequias que proveen de agua al ganado, con el apoyo de maquinaria pesada del gobierno municipal de Arbieto; han comenzado a construir covachas en terrenos para el forraje y pastoreo, con la consiguiente privación de alimento a la ganadería, por lo que los propietarios hoy compran esos alimentos en Santa Cruz; como si esto no fuera suficiente, los avasalladores han comenzado a obstruir y a destruir los caminos que vinculan a la hacienda con los mercados para su producción, en un claro intento de asfixiarla y poner a sus propietarios contra la pared, como cuando se tiene a rehenes inermes en un atentado terrorista. Esto es casi lo mismo que un secuestro, pero a cámara lenta.
Lo peor de esta situación de pesadilla —inconcebible, por donde se la mire— es que los propietarios están desprotegidos y no tienen garantía alguna para el ejercicio de sus derechos. No tienen a quién acudir. Es decir, estamos ante un caso de indefensión extrema, que seguramente no es el único, que se repite en Cochabamba, pero que podría ser uno de los peores en que se advierte la ausencia de un Estado llamado a otorgar seguridad jurídica a los derechos de propiedad de un bien inmueble.
Por el contrario, el caso de la hacienda La Angostura revela que en la actualidad el Estado funciona al revés, pues hace todo lo posible por consolidar los avasallamientos y las vulneraciones a los derechos de propiedad. Si el Estado no garantiza el derecho a la propiedad, que es fundamental en el Estado Constitucional de Derecho, es lícito preguntarse qué sentido tiene el propio Estado. Si no puede garantizar este derecho humano esencia, ¿puede proteger los derechos a la vida y a la libertad?
En consecuencia, el actual Estado, reformado por el masismo, tiene todas las características de un Estado fallido, porque no es garante del ejercicio ciudadano de los derechos humanos, que son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles.
