Constitucionalistas concluyen que juicio y fallo contra Áñez son nulos

Abogados constitucionalistas afirman el juicio ordinario en contra la expresidenta Jeanine Áñez fue desarrollado por una instancia que no tiene competencia, por tanto, el proceso y la sentencia son nulos. En este caso, se aplica el artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que no se respetó el principio constitucional básico del juez natural. Los jueces habrían incurrido en prevaricato y los abogados de la parte acusadora, en incumplimiento de deberes.

“Este proceso, este procedimiento, este juicio es nulo de acuerdo al artículo 122 de la Constitución. Este artículo nos dice con claridad que quienes usurpen funciones que no le competen anulan sus actos, y es esto lo que han hecho los jueces aquí en La Paz, el Tribunal de Sentencia, al fallar contra una expresidenta sin tener competencia para juzgar a expresidentes del país”, explicó el abogado Juan del Granado.

El martes, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, aseguró que la expresidenta Jeanine Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, además de cuestionar el juicio ordinario y expresar su preocupación por una posible intervención política en este proceso denominado caso “golpe de Estado II”.

“Lo que el Relator ha dejado claro es lo que todo el mundo, excepto el Gobierno, sostenía y es que éste es un proceso mal llevado, es un proceso que no corresponde, es un proceso que en sí mismo se convierte en una expresión de grosera violación de derechos humanos y, por lo tanto, este juicio ordinario tiene que volver a cero, tiene que ser anulado, tiene que ser dejado sin efecto”, refirió.

Debido proceso

El abogado constitucionalista Marco Baldivieso señaló que, jurídicamente, “cualquier persona merece un debido proceso legal, y en este caso la jurisdicción mayor arrastra a la jurisdicción menor”.

“Cuando una persona está siendo procesada y esta persona requiere un juicio de responsabilidades, juicio de privilegio se llama, arrastra a todos los demás y a todas sus acciones anteriores y durante el ejercicio del procedimiento. Además, no está bien que se divida la actuación de la señora Áñez como delitos ordinarios como senadora, es decir, sus acciones como senadora se subsumen, se subordina a su condición de Presidente en ejercicio”, dijo.

Incapacidad e ilegalidad

El constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero señaló que el pronunciamiento de García-Sayán muestra que “es un aplazo de todos estos jueces que han mostrado una alta incapacidad y que deja de manifiesto el propio relator de Naciones Unidas para la independencia judicial”.

“Los propios jueces han llevado a cabo la emisión de varias resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, violatorias a los derechos humanos que hasta podrían llegar a ser calificados como prevaricato”, sostuvo.

Agregó que los que “han actuado como abogados de la Procuraduría, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Gobierno, ésos han incumplido deberes, porque no tienen la misión buscar condenas; tienen por misión hacer que se respete la ley, y no lo han hecho”.

Responsabilidad

Al respecto, Del Granado señaló que para determinar responsabilidades tiene que esclarecerse la situación del juicio, por la vía de los recursos que la ley permite a las partes.

“A partir de ello, veremos el grado de sometimiento y la conducta de los jueces que han obedecido a este lamentable patrón que ha destacado el relator de la ONU”, dijo Del Granado.

Líderes políticos piden nulidad del proceso

Los líderes políticos y expresidentes coinciden con el relator de la ONU, Diego García-Sayán, y sostienen que el juicio y la sentencia en la justicia ordinaria contra la expresidenta Jeanine Áñez tienen que “ser anulados”.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa Gisbert, demandó que se anule el juicio contra la exmandataria y que se procese a los jueces a los que calificó de serviles.

“Contundente respuesta de la ONU. Ante la confesión de Morales de que la sentencia contra Áñez fue un plan delictivo del MAS, el relator García-Sayán confirma que corresponde un juicio de responsabilidades y no un proceso ilegal. Urge anulación del juicio y proceso a jueces serviles”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Mesa.

También a través de redes sociales, el dirigente de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, sostiene que no hay delito que juzgar.

“Esta noticia reproduce mi posición sobre los intentos de enjuiciar a los jefes de oposición: No hay delito que juzgar, expresar opinión y manifestarse no es un delito en democracia”, escribe.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga señala también en Twitter que “@UNIndepJudges rechaza persecución política del MAS en #Bolivia, exige juicio de responsabilidades para @JeanineAnez y pide correcciones en apelación. Ahora toca que se pronuncien @mbachelet-@UNHumanRights, @UEenBolivia, @CIDH”.

HWR cuestiona a la justicia

A tiempo de evaluar el proceso judicial contra Jeanine Áñez, el representante de Human Rights Watch, César Muñoz, manifestó a DW que la “falta de independencia de la Justicia en Bolivia es grave” y que este problema viene desde hace mucho tiempo, incluso desde la gestión de Evo Morales.

Refirió que no hay claridad ni transparencia a la hora de designar jueces y fiscales, ni a la hora de removerlos. En la época de Morales, se documentaron casos de jueces que habían sido removidos de sus cargos sin una explicación. Muñoz explicó que el Gobierno de Morales creó un contexto de debilidad estructural y de falta de independencia.