Anomia y dictadura

Una revisión a ojo de buen cubero muestra que en Bolivia hay “toneladas” de leyes, excesivas en declaraciones y detalles insulsos, salpicado todo de fallos de forma. Llega a tanto que el país podría ganar un concurso internacional: “Bolivia, el Estado con la mayor cantidad de páginas de leyes”. En paralelo, nos agobia un sinnúmero de problemas, paradójicamente regulados por esa incesante erupción de lava legal: abuso de poder, arbitrariedad, corrupción, violencia, depredación ambiental, avasallamiento de tierras, inseguridad ciudadana, tráfico de personas, órganos y drogas, vulneración de derechos humanos, omisión de su protección y restitución por parte del Estado… Se constata una correlación entre la cantidad de leyes y la de problemas, pues a mayor cantidad de unas, mayor cantidad de otros, y no a la inversa. Veamos unos ejemplos. Desde 2006 en Bolivia se han sumado leyes contra la corrupción, la violencia contra las mujeres y los derechos indígenas. Simultáneamente se inició una escalada inacabable de rapiña de proporciones inimaginables a los recursos públicos, feminicidios y abuso contra los pueblos indígenas, en un escenario de impunidad. “Dime sobre qué aspecto tiene el país más leyes y sabré cuál es el peor en la realidad”, podría ser una expresión cabal al respecto. 

Adquiere entonces fundamento la afirmación de que la efectividad de las leyes en Bolivia es baja; es decir, no cumplen su finalidad: la prescripción obligatoria y coercitiva de la conducta humana en función de los valores socialmente reconocidos, de manera que las personas que habitan el Estado, todas por igual, actúen conforme las leyes lo mandan, aun con la fuerza pública. Al contrario, en Bolivia menudean los casos en los cuales las personas, comunes o funcionarios y autoridades, hacen lo prohibido y no hacen lo ordenado por las leyes, y el Estado o las aplica selectivamente y mal, según intereses oficialistas, o no las aplica. Por consiguiente, parece que no se consideran necesarias y significativas las leyes y ante su transgresión “no pasa nada”, generándose un contexto de “sálvese quien pueda en esta tierra de nadie”. Grave, mucho. Se llama anomia, concepto de Emile Durkheim. 

Siendo así, se constata un primer error craso de la ciudadanía en general, incluyendo a quienes pasaron por las aulas de las carreras de Derecho: la consideración de las leyes como soluciones automáticas de los problemas, confundiendo el plano del ser, de la realidad “real”, como es, allí donde surgen las situaciones conflictivas que entrañan necesidades y problemas, con el plano del deber ser, de la realidad “ideal”, como debería ser, donde las necesidades son satisfechas y los problemas solucionados. De esa confusión surge la ilusión, vana y engañosa, de que la sola promulgación de leyes basta para el mejoramiento de la realidad, cuando de lo que se trata es de cuestionarse acerca de la pertinencia de las leyes, de su coherencia con las causas de los problemas y de su efectividad, del grado en el cual están siendo cumplidas por la ciudadanía y aplicadas por las autoridades. Como resultado final, ante la constatación de que los problemas no se están superando, se alimenta la erupción de la lava legal inservible que al enfriarse se añade a un laberinto intrincado, oscuro y plagado de contradicciones, de disposiciones legales. 

Un segundo error, tan craso como el anterior, es la tendencia pronunciada de atribuirle al Estado una competencia creciente para permitirle su intromisión en todas las esferas de la vida privada de las personas, impulsando la promulgación de nuevas leyes para convertir en obligatorias bajo amenaza de sanción, ciertas conductas que por su propia esencia deberían quedar a expensas de las libres decisiones de las personas, bajo la regulación moral de la conducta, sin trasladarlas al ámbito de la regulación jurídica. Un ejemplo bien puede aclarar lo dicho. En el pasado, el adulterio era un delito penado por ley; luego fue excluido del Derecho Penal e inscrito en el Derecho de Familia, como una causal de divorcio. Actualmente ya no es parte del Derecho, habiendo sido definitivamente inscrito dentro de la moral, ese conjunto autónomo de pautas de comportamiento, cuyo cumplimiento es una cuestión privada, sin otra coacción que la conciencia de cada persona. 

El contenido del Derecho debe ser aquel que se relaciona con la esfera pública de la vida social y humana, orientado a la formación y desarrollo de un modelo de ciudadano cuyos rasgos deben ser homogéneos; por consiguiente, no todo lo que integra la experiencia vital de las personas debe estar contemplado por el Derecho, asegurando la concreción de aquel valor inspirador de las luchas desde antiguo y para siempre: la libertad, entendida como la posibilidad de elección. Y la única garantía de que las elecciones humanas sean las mejores, es el fortalecimiento de la cultura democrática, nunca un Estado policíaco.