Bolivia: el país donde lo ilegal está a plena vista
La economía boliviana es una de las más sólidas de Sudamérica, según el presidente del Estado, Luis Arce. Sin embargo, en las últimas semanas me llevo preguntando cómo podemos evaluar realmente el movimiento económico del país, cuando hay millones de dólares que se mueven en la ilegalidad. Bolivia es una nación donde las actividades fuera de norma se realizan a vista y paciencia de autoridades y de toda la población; es más, se atreven a exigir favorecimientos, pero sin importar si su aporte es nulo para el Estado.
Si uno camina por las calles céntricas de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz encontrará un panorama básicamente similar, aceras colmadas por comerciantes fuera de norma, muchos de ellos son ambulantes que prefieren evitar el papeleo y pago por un sitio municipal. Además, quien se adentra en los mercados encuentra una enorme sección de ropa usada ingresada de contrabando al país.
Sólo este rubro de ropa usada genera un movimiento económico de más de 40 millones de dólares anuales, de los cuales nada va al Estado. Es más, este sector provoca que miles de personas pierdan sus empleos en el sector textil nacional. Pese a la ilegalidad de la venta de ropa usada, nadie ejerce ningún control. Incluso, la gente que se dedica a ello realizó varias protestas con exigencias al gobierno.
Pero la ropa usada es un ejemplo de cientos. En Cochabamba se instaló recientemente la “feria del contrabando”. Son comerciantes que tomaron las vías públicas de manera ilegal para vender mercadería que ingresó al país sin una revisión sanitaria.
Se estima que el contrabando mueve al menos 3 mil millones de dólares anuales, pero absolutamente nada llega a las arcas del Estado. A esto se suma que es un fuerte golpe a la industria nacional, hay miles de personas en riesgo de perder sus trabajos debido a que las empresas donde trabajan tienen menos ingresos cada vez.
La gente apoya sin escrúpulos comprando productos de contrabando, porque son notoriamente más baratos y es realmente triste ver en las redes sociales que muchos se justifican asegurando que las empresas bolivianas tienen dinero por montones. Sin embargo, parece que muy pocos se percatan que la industria nacional se sostiene con la mano de obra boliviana y si esas “empresas adineradas” quiebran, los que se quedan sin fuente de trabajo son compatriotas que deben llevar un pan a sus mesas.
Numerosos medios de comunicación viajaron a las fronteras para mostrar el impresionante movimiento de contrabando, principalmente el que ingresa de Argentina. Esta salida e ingreso de productos se logró captar en cámaras para llegar a la gente, pero lo que es más peligroso de mostrar es el ingreso de autos “chutos” al país.
Aún recuerdo mi última visita al trópico de Cochabamba, ver un auto legal era más difícil que ver uno sin placas. Muchos de ellos transitando delante de estaciones policiales sin que nadie siquiera se asombre. Y no se debe olvidar que los autos sin documentos vienen acompañados de la venta ilegal de gasolina, de nuevo, sin ningún control de las instituciones fiscalizadoras. Este sector, aunque está ligado al robo de autos, también hizo sus solicitudes al gobierno para legalizar los motorizados indocumentados. Nuevamente, ilegales que dan la cara sin pena, pese a que este rubro está relacionado con conflictos armados contra los militares en las fronteras.
Todos los rubros mencionados están relacionados con la venta de algún insumo o motorizado, pero no se debe olvidar el profundo conflicto de tierras que se vive en el país a causa de los loteadores. Gente inescrupulosa que negocia con terrenos donde está prohibido construir.
A ellos no les importa si destruyen el Parque Tunari o se instalan en zonas de riesgo. No es novedad saber que muchas lluvias provocaron deslizamientos de cerros y cobraron vidas. Cuando esto ocurre, lo primero que las autoridades indican es que se trataba de casas ilegales. Pero cuando comenzaba la construcción, no había nadie para ejercer control, pues algunos funcionarios están ligados a esta actividad ilegal.
Por último, uno de los rubros que no es ilegal, pero que está generando mercados ilegales, está vinculado a actividades ilícitas y tampoco aporta al Estado es la producción de coca.
El conflicto con Adepcoca, en La Paz, se debe a un mercado ilegal que busca negociar su paso a lo lícito. También es conocido que una parte de la coca se utiliza para la cocaína, desvirtuando así la lucha reivindicativa por ser vista como una hoja sagrada a nivel internacional.
Según la UNODC, el comercio de coca mueve entre 365 y 449 millones de dólares cada año. No es novedad mencionar que ellos no pagan impuestos.
Podría continuar con una larga lista de ilegalidades que generan conflictos, no tributan y además exigen beneficios del Estado, como la minería ilegal, la pesca ilícita y otros. Pero ¿qué hacen las autoridades? Si tanto dinero se mueve en la ilegalidad, entonces ¿qué sostiene la “sólida” economía boliviana?
Es indignante ver que se pretende cobrar impuestos a los trabajadores autónomos por hacer algo legal, pero no se haga nada con estas millonarias pérdidas ilegales. O todos o nadie. Bolivia es el país donde lo ilegal ocurre a vista y paciencia de todos, pero además se atreve a exigir negociaciones con el Estado cuando no se debería negociar la ilegalidad.
