Prisión por si acaso

La detención en celdas de la Policía de Soledad Chapetón, ex alcaldesa de El Alto, y madre de una bebé que no ha cumplido dos años, y que está todavía siendo amamantada, es una aberración jurídica que raya en la violación a los derechos humanos y que resulta tan abyecta para la mayoría de las personas, que el juez tuvo que modificar su decisión principal y suavizar la medida, deteniendo a la señora en su domicilio.

Una vez más, y por enésima vez, se comete un acto de injusticia al llevar por todo y por nada a un ciudadano a una prisión preventiva. Aclaremos: una detención domiciliaria es también una privación de libertad, la cual es un derecho inalienable del individuo, mientras éste no sea condenado por algún delito. Nuestro sistema jurídico también reconoce la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario. 

Situaciones excepcionales en que existan factores de violencia o donde un malhechor o un criminal han sido pillados in fraganti pueden llevar a una prisión preventiva, pero no ha si la enorme cantidad de casos que llevan a Bolivia a convertirse en uno de los países donde hay más habitantes de cárceles sin sentencia. La detención preventiva es un acto de injusticia casi por definición y debe ser eliminada lo antes posible.

El argumento de riesgo de fuga es aberrante, porque en realidad lo que hace que moros y cristianos piensen en fugar es precisamente el sistema judicial corrupto de Bolivia, en el que, como sabemos, la extorsión, el retraso de los procedimientos y la falta de honestidad de una buena cantidad de jueces y fiscales son devastadoras.

A este marco general, se añade el caso de Soledad Chapetón, una imputación tan dudosa, tan poco seria y contundente que casi grita que es una persecución política. Y ahí está otro problema: con este caso, tan extremadamente burdo, el mensaje que da el Estado Plurinacional del MAS es que cualquier persona que se inmiscuya en política, y que tenga un cargo de cierta jerarquía y responsabilidad, es posible que termine en la cárcel, aunque sea “por si acaso”, que es lo que es la detención preventiva. 

Esta forma de persecución política, aparte de la inmoralidad que conlleva, y de la injusticia que implica para los afectados, termina siendo un cernidor para una futura camada de personas dedicadas a la política en el futuro.  

La pregunta que uno debe hacerse es la siguiente: ¿Quién en su sano juicio está dispuesto a tomar una responsabilidad pública si es que eso implica que por angas o por mangas va a terminar involucrado en juicios absolutamente irracionales, que pueden costarle una enorme cantidad de dinero, sinsabores, tiempo de ir y venir a juzgados y/o eventualmente terminar  (o empezar) en la cárcel o sin poder salir de su casa? 

Y la respuesta es que posiblemente sólo los más comprometidos, pero también las personas menos idóneas, ya sea por su talante aguerrido o porque están buscando otro tipo de beneficios. Lo que quiero decir es que las personas más sensatas y capaces de este país, en su mayoría, abandonan la idea de servir al país en la función pública, porque no vale la pena. Simplemente es un riesgo demasiado grande.

El castigo a quienes roben en la función pública es importante, pero las normas y las leyes pueden ser tergiversadas por funcionarios inescrupulosos tanto del Ejecutivo, ya sea nacional o municipal, como de la justicia, y eventualmente en contubernio, para amedrentar a quien es ajeno al grupo que detenta el poder.  

Lo que ha sucedido la semana pasada con la señora Chapetón sólo puede causar indignación hacia el partido que maneja la justicia e infundir solidaridad hacia ella, y mucha preocupación por el futuro de la patria.