José Antonio Rivera: “El reto está en transformar la formación profesional desde la universidad”

José Antonio Rivera, magíster en Derecho Constitucional, exmagistrado del Tribunal Constitucional, expresidente del Colegio de Abogados de Cochabamba y docente, es un ejemplo de cómo la vocación puede nacer de una circunstancia familiar para luego transformarse en una sólida trayectoria profesional. 

Rivera inició su ejercicio profesional en 1985, luego de terminar sus estudios en Derecho por influencia de su padre, y sólo tres años después fue invitado a impartir cátedra en la materia de Criminología. En 1990 asumió la cátedra de Derecho Constitucional, ámbito en el que se destacó durante más de 30 años en universidades de Bolivia y de América Latina. Además de su trabajo académico, Rivera tiene una destacada participación en el ámbito judicial. En 1998 fue nombrado magistrado suplente del Tribunal Constitucional y asumió la titularidad en 2002. “Fue una extraordinaria experiencia”, destaca. 

A lo largo de su carrera, la pasión por escribir de Rivera lo llevó a publicar 15 libros individuales y más de 70 artículos científicos en importantes revistas académicas de Italia, España, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, entre otros, además de participar en la publicación de 50 libros colectivos. En una entrevista con la Revista OH! se refiere al rol del profesional en Derecho en el contexto actual. “El reto es que tenemos que retomar el verdadero camino de lo que en esencia es el derecho y vinculado a ello el instrumento de aplicación que es la justicia”, reflexiona. 

—¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de Derecho hoy en día?

—Uno de los principales retos que enfrentamos es una reconducción del sistema de formación profesional. Debo decir, con mucha pena, que las universidades en Bolivia, tanto públicas como privadas, están formando profesionales sobre la base de un diseño curricular que responde a las necesidades de la primera mitad del siglo XX, no estamos formando profesionales abogados para el siglo XXI, para esta nueva Bolivia. Por tanto, uno de los grandes desafíos es transformar las bases mismas de un diseño curricular que permita mejorar la formación con una sólida base de principios éticos y valores. Además, otro reto importante es la implementación de un sistema de acreditación profesional. A diferencia de otras disciplinas, como la medicina, donde los licenciados deben especializarse antes de ejercer, en Derecho aún se permite a los abogados ingresar directamente al litigio sin una certificación adicional que evalúe su preparación para ejercer. Esto debe cambiar; es necesario que los profesionales pasen por procesos de formación y acreditación continua que aseguren que estén actualizados y preparados para litigar y proteger al usuario. El avance de la tecnología, la globalización y la inteligencia artificial están cambiando rápidamente el panorama legal, por lo que es importante que los abogados se mantengan capacitados y actualizados en estas áreas para no quedar rezagados. Hay que retornar la colegiatura obligatoria como un mecanismo de control ético al ejercicio profesional. 

—¿Cómo evalúa la situación de la justicia en Bolivia dentro de la coyuntura actual?

—La justicia en Bolivia atraviesa una crisis estructural profunda.  La justicia está con terapia intensiva y diagnóstico reservado. Podemos verlo en la falta de acceso a servicios judiciales en gran parte del país. De los 339 municipios, sólo 180 cuentan con juzgados, y muchos de ellos carecen de otros servicios esenciales como el Ministerio Público o la Defensa Pública. Además, dos tercios de la población no accede a los servicios judiciales para resolver conflictos de menor cuantía por los altos costos y la demora en los procesos. La otra forma en que se expresa esta crisis es por la crónica retardación de justicia. En muchos casos, los procesos duran entre 10 y 15 años, lo cual es inadmisible. A esto se suma la carencia de independencia judicial, donde los jueces toman decisiones basadas en sus simpatías y antipatías, porque los jueves han abandonado su cualidad de independencia para alinearse al poder político de turno. Esto tenemos que cortar, el juez tiene que ser independiente e imparcial.

El resultado de esta situación es la mala calidad del servicio y los altos niveles de corrupción. El resultado de esto es que en Bolivia no hay seguridad jurídica y eso deriva en que la gente comience a hacer justicia por mano propia, lo cual aumenta la conflictividad social. Cuando no hay seguridad jurídica no hay inversión privada y Bolivia necesita inversión para reactivar la economía. 

—Desde su rol, ¿cómo cree que se puede hacer frente a estos problemas?

—Para resolver la crisis actual, debemos atacar las causas y no sólo los síntomas. Uno de los problemas es la baja asignación presupuestaria al sistema judicial, que apenas recibe el 0,43 por ciento del presupuesto nacional. Esto se refleja en que no hay dinero para crear más juzgados, para dotar de mayores servicios judiciales, de buena infraestructura o de tecnología de punta que permita aminorar la retardación de justicia. También necesitamos reformar las leyes que no responden a la Constitución, porque son totalmente anacrónicas que exigen más formalismos y ritualismos procedimentales. La formación profesional de los abogados también debe transformarse desde la universidad, poniendo un mayor énfasis en la práctica ética y quitar de las manos de los políticos el poder que tienen de designar jueces. 

—¿Qué mensaje les daría a las nuevas generaciones de abogados, considerando la alta demanda de esta carrera?

—Si bien tenemos una sobrecarga de profesionales abogados, deben tener presente que cuando se estén formando busquen no ser uno más, si no ser el mejor o la mejor. Tienen que ir a una materia por aprender y adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio profesional. El Derecho es una profesión integral que abarca varias disciplinas, por lo que deben tener una formación sólida en política, economía y otras áreas.

Más importante aún, deben recordar que el Derecho es una profesión de servicio a la sociedad y al estado para garantizar la convivencia social pacífica y la construcción democrática de la sociedad, por lo tanto, nuestro horizonte debe estar en desarrollar nuestra profesión para hacer que toda la actividad del estado y de los particulares siempre esté sujeto a las reglas preestablecidas a través de la Constitución y las leyes. 

Nuestra labor es hacer que se cumpla la ley, no distorsionar la ley. Nuestra labor es contribuir a solucionar un conflicto y no a agudizarlo. Por lo tanto, no debemos reducir nuestra profesión a iniciar o plantar una demanda, si no buscar primero mecanismos para solucionar el conflicto. Siempre digo que para el abogado no hay “no se puede”, pero hay “no se debe”. Esto está en el ámbito de la ética y los valores morales de la sociedad.