Argentina: ¿qué efecto tendrá la legalización de dólares no declarados?

El Gobierno del presidente Javier Milei, ha lanzado en la Argentina un ambicioso y polémico proyecto para legalizar y reintegrar al sistema financiero sumas masivas de dólares no declarados.

Bajo el argumento de reactivar el consumo interno y normalizar el uso de dinero fuera del circuito bancario, la medida permitiría que personas físicas y empresas usen libremente sus reservas en efectivo, incluso si fueron adquiridas de manera informal, sin enfrentar sanciones tributarias ni penales.

"El objetivo es claro: estimular la economía permitiendo que el dinero guardado 'bajo el colchón' vuelva a circular", explica el analista político y económico Carl Moses, desde Buenos Aires, en entrevista con DW. "En Argentina, se estima que circulan entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema. No se puede ignorar esa magnitud”.

¿Por qué genera tanta controversia?

La iniciativa ha causado revuelo tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, propone aliviar restricciones que durante años limitaron la circulación de efectivo y generaron una economía paralela sostenida por la desconfianza en el sistema bancario. Por otro, desdibuja los límites entre lo legal y lo ilegal, generando inquietud entre organismos internacionales de control financiero.

Markus Demary, economista del Instituto de Economía Alemana (IW Köln), subraya en entrevista con DW la diferencia con los estándares europeos: "Lo que en Argentina se está proponiendo, en Europa sería considerado directamente como fomento a la evasión y lavado de dinero. Aquí, todos los actores —desde bancos hasta clubes deportivos— están obligados a reportar operaciones sospechosas”.

¿Legalización de la informalidad o incentivo al crimen?

La medida no distingue el origen del dinero mientras no esté vinculado a delitos graves. Es decir, fondos obtenidos por evasión fiscal menor o comercio informal podrían ser utilizados sin ser rastreados.

Moses aclara que los controles no desaparecen del todo: "Se relajará la vigilancia en operaciones menores, como compras de consumo, pero no en adquisiciones mayores como bienes inmuebles. Aun así, el giro es evidente: ahora el ciudadano ya no es sospechoso por defecto”.

No obstante, esta flexibilidad abre interrogantes sobre su uso por parte de actores criminales. "Desde la perspectiva del crimen organizado, una economía que permite el ingreso de fondos sin preguntas se vuelve muy atractiva”, advierte Demary.

"La Unión Europea ha endurecido justamente sus normativas para evitar esto. Argentina corre el riesgo de ser incluida en listas grises o negras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si no demuestra mecanismos de control adecuados”.

¿Una necesidad argentina?

Argentina atraviesa una crisis de confianza institucional profunda. La población ha vivido décadas de confiscaciones, corralitos bancarios y devaluaciones forzadas.

Según Moses, esto ha generado un hábito de desbancarización masiva: "Los argentinos compran dólares en el mercado paralelo y los guardan en casa, incluso si son legales. Nadie confía en el sistema financiero”.

Milei busca revertir esa lógica, apostando por una solución práctica, aunque controvertida. "En el fondo, el Gobierno intenta dar cauce a una realidad existente, no crear una nueva”, añade Moses.

Posibilidades y riesgos

Desde un punto de vista económico, el plan podría tener efectos positivos a corto plazo, según Moses. Al permitir que se usen reservas dormidas, se estimularía el consumo y la inversión en bienes durables, particularmente por parte de pequeñas y medianas empresas.

"Muchos negocios tienen una caja paralela. Si quieren comprar maquinaria, lo hacen con ese dinero, pero sin rutas legales. Este esquema podría facilitar esas operaciones”, describe Moses.

Sin embargo, el costo reputacional es alto. Demary advierte que "el mensaje que transmite Milei es problemático: que la legalidad es relativa si la eficiencia lo justifica. Eso mina la credibilidad institucional del país y lo aleja de los estándares internacionales”.

¿Y qué dice el mundo?

Argentina es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien sus decisiones soberanas no requieren autorización internacional, sí pueden tener consecuencias. La reinserción de dinero informal sin control riguroso podría ser vista como una violación de los compromisos globales de lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo.

"En Europa sería impensable un decreto que facilite la legalización masiva de fondos no trazables”, sostiene Demary. "Eso entra en conflicto directo con la definición misma de prevención del lavado de dinero”.

El proyecto del Gobierno argentino se inscribe en una lógica libertaria que privilegia la reducción del Estado y desconfía del control fiscal. Como señala Moses: "Para Milei, los impuestos son casi un robo, y quien evade, se protege de un sistema injusto. Desde esa óptica, legalizar fondos no declarados no es delito, es justicia”.