Riesgos geográficos y constitucionales amenazan elecciones del 17 de agosto
El proceso electoral rumbo a las elecciones nacionales del 17 de agosto enfrenta desafíos tanto en el terreno geográfico como en el ámbito judicial. Mientras, el Gobierno identificó al menos siete zonas de alto riesgo para la realización de los comicios. También surgen nuevas amenazas desde el sistema judicial que podrían poner en duda la habilitación de candidaturas clave.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, informó que se ha concluido un estudio de Inteligencia que identifica áreas críticas en tres departamentos: Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. “Uno de ellos es Villa Tunari, centro de actividad de las Seis Federaciones del Trópico. También están Sacaba, Shinahota y Chimoré. En Potosí se encuentra Llallagua, y en Santa Cruz, Yapacaní y el Plan Tres Mil. Sin embargo, ya tenemos un plan para garantizar elecciones absolutamente normales”, aseguró.
Las tensiones se agravan con las advertencias de sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes han amenazado con impedir la realización de los comicios si su líder no figura en la papeleta electoral. Entre las acciones anunciadas se incluyen bloqueos, toma de recintos electorales y hasta la quema de ánforas.
Frente a esta situación, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que ya se están tomando medidas conjuntas con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. “Tendremos reuniones para reforzar la logística electoral. Nuestro único objetivo es que todos los bolivianos puedan ejercer la democracia en paz”, afirmó.
A este escenario se suma una nueva controversia judicial. La senadora Silvia Salamé, de Comunidad Ciudadana, denunció que una Sala Constitucional del Beni admitió una acción popular que busca suspender la habilitación de listas de candidatos que hayan ocupado cargos públicos por más de 10 años. El recurso, presentado por Marlene María Sierra Terán, será evaluado en audiencia el próximo 21 de julio.
“Esta inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal Departamental del Beni en la Sala del vocal Charles Mejía. Al parecer, en complicidad con los vocales autoprorrogados, pretenden un golpe a la democracia”, expresó Salame.
