Reformas electorales
Con el cierre del proceso de elección de autoridades políticas departamentales, municipales y terminará una serie de comicios que en 16 meses nos llevaron a las urnas cinco veces a todos los bolivianos y seis a los electores de media docena de departamentos donde habrá segunda vuelta para elegir gobernadores.
Luego y aunque está pendiente la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se iniciará un periodo razonable para reformar la normativa electoral vigente en Bolivia desde hace una década.
Esta debería ser la última vez en que se use el marco legal electoral vigente desde hace 10 años, y que copia la anterior regla electoral de hace dos décadas, declaraba el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el domingo 22 de marzo, al inaugurar la jornada de sufragio de las elecciones subnacionales.
No es el único que opina de esta manera, legisladores, líderes políticos, analistas nacionales y la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) coinciden con el TSE.
"Por responsabilidad, culmina este proceso electoral y vamos a entregar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley modificatoria de toda la normativa electoral", decía el presidente del TSE.
Fueron la incertidumbre y desconcierto creados por la inhabilitación (y sus consecuentes impugnaciones) de varias candidaturas, algunas de ellas a solo tres días de los comicios, que detonó la manifestación de esta necesidad de reformas.
“Cualquier persona, con un criterio mediano, se daría cuenta que en tres días no podemos imprimir papeletas, porque tenemos que distribuirlas a nivel nacional”, afirmaba la máxima autoridad nacional.
Y la recomendación de la MOE-OEA sobre ese punto es muy clara: “Establecer normas claras que permitan que las etapas de inhabilitación y sustitución de candidaturas concluyan antes del inicio del proceso de diseño e impresión de papeletas electorales”, enuncia el Primer Informe de esa misión.
No es el único aspecto que necesita cambios. Además de la adecuación de la norma a las nuevas tecnologías de la información, existen otros de urgente atención.
Se trata, por nombrar alguna, del financiamiento que reciben las organizaciones políticas para sus campañas, “el marco normativo boliviano no restringe ni regula las contribuciones provenientes de algunos actores directamente vinculados a la administración pública (…). Tampoco existen restricciones específicas a los aportes provenientes de personas jurídicas (…)”, constata la MOE-OEA.
Eso “podría generar fuertes inequidades entre candidatos y organizaciones políticas, agrega. Pero ese es solo un efecto, el más crítico es la posible retribución obligada que puede significar recibir dinero para campañas, cuando el receptor sea elegido y administre recursos del Estado.
La normativa electoral necesita ser actualizada, es parte de la construcción democrática y tendría que ser una prioridad en el trabajo de los legisladores.
