Según abogados se debe pagar, pero hay escollos
Ante la controversia por el pago de las mochilas que dieron origen a la caída del alcalde José María Leyes, detenido desde hace un año, el abogado constitucionalista César Cabrero explicó que el contrato se debe respetar al margen de los inconvenientes legales.
"Todo contrato entre partes se constituye en ley entre partes, por eso debe cumplirse. El empresario tiene todo el derecho de exigir que se le pague lo acordado. Si las mochilas ingresaron a la Alcaldía y falta un trámite porque no ingresó a almacenes, es problema de la Alcaldía", remarcó.
Por tanto, la Alcaldía debe pagar la deuda de 12,4 millones de bolivianos a la Asociación Accidental 26 de Febrero por la entrega de 91.316 mochilas de las 91.385 que figuran en el contrato que firmaron en enero de 2018.
Según Cabrera, posteriormente, en caso de que se demuestre que hubo un sobreprecio, la Alcaldía podría iniciar una demanda de acción de repetición en contra de los involucrados en el ilícito.
El Alcalde es procesado por los casos Mochilas I, II y III. En el primero aún no se hizo el pago, porque, luego de la denuncia de la concejala Rocío Molina (MAS) de un sobreprecio, se cerró el contrato.
Otros abogados consultados expresaron que la Alcaldía debe pagar, pero el precio real, que se puede establecer con documentos.
Sin embargo, existen otros escollos para efectivizar el pago, entre ellos que el pedido lo tiene que hacer el representante de la asociación, Néstor García; no Juan de Dios Morales, porque éste sigue siendo el titular debido a que no se hizo el cambio con un acta de socios. A ello se suma que se necesita subsanar los problemas administrativos como la falta del acta de recepción.
