Vecinos sin servicios y loteadores aprovechan los conflictos de límites
Sin luz, agua por red ni servicio de recojo de basura vive la gente en las zonas de conflicto limítrofe de Quillacollo con Vinto, Colcapirhua o Tiquipaya. Mientras, los loteadores aprovechan la falta de delimitación para fraccionar y vender predios a personas de escasos recursos económicos. En 20 años, es un problema que aún no se pudo resolver.
En un recorrido realizado por Los Tiempos a los sectores en conflicto, se verificó que existen conflictos de límites en las OTB Venancio Mercado, Apote y Llanquenquiri.
“Vivo como cinco años en este lugar. Compramos agua en turril, cada uno nos cuesta 8 bolivianos; la cisterna nos trae una vez a la semana. Las autoridades sólo hacen promesas”, relató Rosa, una vecina de Venancio Mercado, barrio ubicado en la serranía de Cota.
Señaló que la mayoría de los pobladores reconocen que el sector pertenece a Quillacollo, pero la falta de proyectos incide en que varias personas gestionen obras en Vinto. La situación derivó en la creación de dirigencias paralelas.
Los comunarios permanecen alerta las 24 horas por “temas de seguridad” e interrogan el motivo de la visita a cualquier persona “extraña” que ingresa al lugar. Decenas de familias continúan construyendo viviendas en el lugar donde se demolieron 46 casas “ilegales” en enero de 2019.
El jefe de la Unidad de Límites de Quillacollo, Michel Bozo, indicó que se logró conciliar con dos puntos limítrofes con Vinto y remarcó que sólo uno queda pendiente.
“Entre lo conciliado tenemos el punto tripartito entre Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe. El segundo está a 200 metros al norte. El área no conciliada es Venancio Mercado, porque hay disputas de derechos propietarios entre dos familias”, puntualizó.
El funcionario aseveró que remitió una nota a la Gobernación en noviembre de 2019 para validar el trabajo que se realizó en este punto a través de la Ley 339. En tanto, la situación con Colcapirhua y Tiquipaya es diferente, porque el avasallamiento es evidente y se debe a la proliferación de asentamientos ilegales.
Bozo comentó que las comunidades que forman parte del conflicto tienen personerías jurídicas e hicieron el saneamiento de tierras con el INRA para área rural.
Declaró que los propietarios de predios fraccionados sin respetar normas son los que acuden a municipios aledaños en busca de alumbrado público y ripio, porque saben que Quillacollo no se prestará a cambiar el uso de suelo sin consensuar con las comunidades. Los procesos administrativos se encuentran en la Gobernación.
Los conflictos de límites han costado enfrentamientos y heridos a lo largo de los años. Es una tarea pendiente de las autoridades.
Quillacollo, Colcapirhua, Vinto y Tiquipaya tienen problemas por definición de territorio.
CERCADO ATIENDE A PACATA, TRAS FALLO
El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, César Navarro, informó que Cercado asumió cuatro acciones ante diferentes instituciones nacionales para sentar presencia en Pacata. El objetivo es cumplir lo que establece la sentencia 162/2016 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que le niega la tutela de la administración del sector a Sacaba.
Los Tiempos intentó contactar al secretario de Coordinación de Movimiento de la Gobernación Nelson Virreyra para conocer la situación de los conflictos limítrofes en todo el departamento, pero no tuvo éxito. El funcionario se comprometió a atender las consultas, pero postergó la entrevista, porque surgió “una reunión”.
