Fiscalía vuelve a allanar Contrataciones y se lleva documentos de caso comida
Una comisión de fiscales y policías intervino nuevamente este miércoles la dirección de Contrataciones de la Alcaldía de Cochabamba para ejecutar la orden de allanamiento que emitió el juzgado de la Estación Policial del Sur (EPI) Sur y secuestrar documentación sobre el proceso de adjudicación de la comida para los policías y militares.
En el allanamiento también se secuestraron computadoras que ayudarán en la averiguación por presunto incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otros delitos denunciados por los concejales Celima Torrico, Edwin Jiménez y Carlos Coca, el lunes, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) contra el alcalde José María Leyes y otros funcionarios.
Los legisladores piden que se investigue por qué se contrató para la compra de 34 mil raciones por 488 mil bolivianos a una empresa (Bunker) que no presentó su Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), considerado un requisito indispensable, incluso, para las contrataciones por invitación directa durante una emergencia.
Tras el allanamiento, el Ministerio Público levantó el precinto de las tres oficinas que fueron aseguradas el pasado lunes, en la primera intervención, luego de que concejales presentaron su denuncia.
El operativo fue presenciado por un grupo de funcionarios del área jurídica de la Alcaldía, incluida la que fuera la última abogada del alcalde José María Leyes en el caso Mochilas que ahora tiene un cargo en el municipio.
La Alcaldía adjudicó la orden de compra el 16 de abril a la empresa Bunker para la dotación de comida a los policías y militares durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
