Dan 15 días para alejar a fiscales y jueces vinculados a avasalladores
La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Cochabamba (Fedjuve) y las víctimas de avasallamientos resolvieron ayer en un ampliado extraordinario pedir la investigación y destitución de fiscales, jueces y funcionarios que favorecen a loteadores.
Los afectados por la invasión de sus propiedades privadas y comunales denunciaron que, en caso de que no ser escuchados, asumirán medidas de presión drásticas, como una marcha a la ciudad de Sucre, huelga de hambre, la toma de instituciones y otras.
Varias víctimas manifestaron en el encuentro que están cansados de peregrinar hasta 19 años en procesos civiles, en los que a pesar de contar con documentación que acredita su derecho propietario se dan fallos que favorecen a los avasalladores.
“El ampliado ha pedido que presentemos las resoluciones al fiscal nacional, al Consejo de la Magistratura, al Comando Nacional de la Policía y a las autoridades nacionales correspondientes para que actúen y pongan un alto a los avasallamientos”, indicó el presidente de la Fedjuve, Ángel Quispe.
Mencionó que las “bases” tomaron la decisión luego de que en reuniones con la fiscal departamental, la encargada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba y otras autoridades no se registren cambios estructurales.
Quispe dijo que otro aspecto que motiva a las víctimas a recurrir a instancias superiores es que el trámite para denunciar a operadores de justicia vinculados a loteadores es burocrático y termina en oficinas de los mismos denunciados, por lo que no hay garantía de transparencia.
En las tres horas que duró el ampliado, los afectados relataron el calvario que pasan para denunciar avasallamientos y cómo alcaldes, concejales y funcionarios ignoran sus reclamos.
Además, los participantes dijeron que Sacaba es el municipio con mayor cantidad de invasión a predios, seguido por Arbieto, donde los avasalladores incluso solicitaron saneamiento al INRA, con el argumento de que están cumpliendo función social, después de construir en días una vivienda precaria.
En el encuentro se dijo que estas son algunas de las irregularidades que se cometen contra los propietarios de la finca Maicapampa y la Hacienda Angostura de la familia Canelas.
Otras denuncias relevantes que se analizaron es el rol que cumple el INRA en los conflictos, debido a que si bien es la institución que otorga los títulos de propiedad en el área rural, cuando hay un proceso los funcionarios llevan a cabo inspecciones sin notificar a todas las partes y sin respetar el horario fijado.
También se leyó una lista con los nombres y apellidos de más de 30 personas que se dedican a invadir tierras y estafar a la población ofreciendo lotes solo con planos y otros documentos falsificados. Esto se debería a que exfuncionarios y operadores de justicia estarían vinculados.
MINISTERIO ENVIÓ SOLO A UNA ASESORA
Pese a que la Fedjuve mandó con varios días de anticipación una invitación a diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales para asistir al ampliado solo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras envió una asesora al encuentro.
En tanto que en representación del Comando Departamental de la Policía participó un subteniente.
La ausencia de autoridades invitadas molestó a los asistentes, quienes cuestionaron que no se presenten ni los dirigentes de organizaciones sociales, como la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.
