Víctimas peregrinan para demoler edificaciones en zonas avasalladas

Cochabamba
Publicado el 01/01/2023 a las 12h12
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El concretar la demolición de construcciones ilegales es un calvario para las víctimas de avasallamientos de tierras en Cochabamba.

La excesiva burocracia y la parcialización de algunas autoridades municipales con loteadores prolongan los trámites para derribar las edificaciones irregulares, de acuerdo al testimonio de algunos afectados pese a que éstos lograron probar en la vía judicial que son los propietarios de los predios invadidos.

La Viña

Este es el caso de las víctimas de avasallamientos de La Viña, en el municipio de Sacaba, quienes, tras ganar amparos constitucionales y otros procesos, continúan aguardando por más de un año a que la Alcaldía ingrese a demoler las construcciones ilegales en el sector.

“Hemos denunciado desde agosto de 2021 que estaban construyendo de forma ilegal, lo hicimos primero de forma verbal; luego, de forma escrita hemos enviado varias notas, pero a la fecha no hay ningún resultado, en varias oportunidades nos reuniones con funcionarios de la Alcaldía y de la subalcaldía”, relató una de las víctimas.

Contó que si bien el Ejecutivo municipal logró notificar en tres oportunidades a los loteadores e iniciar el proceso para demoler las construcciones ilegales los avasalladores frenaron la intervención acudiendo al Concejo presentando minutas de la compra de lotes realizadas en Cliza, en el valle alto.

A través de una resolución, el Concejo resolvió que el proceso vuelva a fojas cero e incluso recomienda iniciar procesos administrativos contra funcionarios de la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía por realizar la notificación por polígono, cuando según criterio de los legisladores esta actuación se debería hacer casa por casa, de acuerdo a documentación.

La determinación de los legisladores sorprendió a los afectados debido a que en audiencia e informes se informó que los avasalladores agredieron y amenazaron de muerte a los funcionarios de la Alcaldía que intentaron pegar la notificación en cada una de las construcciones.

“La notificación por polígono se aplicó ya en otros casos, pero ahora han observado eso, nosotros hemos demostrado con registro en Derechos Reales, folios y pago de impuestos que somos los dueños”, explicó otra afectada.

Comentó que el año pasado se solicitó a la Alcaldía la demolición de construcciones ilegales, pero como a la fecha el proceso se estancó la cantidad de asentamientos ya se triplicó.

Otra denuncia que no prosperó pese a que se envió pruebas fue la tala de 80 molles, de acuerdo a las víctimas.

El director de Gestión Urbana y Territorial de la Alcaldía de Sacaba, Edgar Soliz, indicó que para demoler construcciones ilegales se debe cumplir con lo establecido en la Ordenanza Municipal 122/99, que faculta intervenir con controles en siete distritos del área urbana.

El funcionario mencionó que se cataloga como construcción ilegal a aquella que no cuenta con autorización, plano de construcción aprobado por la Alcaldías y título de propiedad del predio.

“Cuando detectamos alguna construcción ilegal se aplica la ordenanza y se inicia un proceso administrativo que consiste en dejar tres citaciones a los infractores, la primera notificación es para comunicar con la paralización, pero si sigue avanzando con la segunda, estamos facultados para hacer el decomiso del material de construcción y herramientas a los albañiles”, explicó.

Soliz complementó que si el infractor continúa construyendo se notifica con una tercera boleta, que permite comenzar un proceso sancionado que finaliza con la emisión de una resolución de administrativa de demolición que puede ser apelada en el Concejo.

“El infractor puede apelar la resolución administrativa de demolición y presentar la documentación, pero sino acompaña la documentación se ratifica, aunque luego suelen acudir al Concejo, eso retrasa el proceso”, aseveró.

El director de Gestión Urbana y Territorial recalcó que el municipio tiene competencia para demoler construcciones ilegales no sólo en terrenos privados, sino en espacios públicos como en áreas verdes o cuando se detecta que las edificaciones se emplazan en vías.

Sostuvo que el personal actúa a denuncia de vecinos o cuando detecta que las construcciones no cumplen con los requisitos en controles rutinarios.

Respecto a las zonas más críticas, precisó que El Abra y Lava Lava son los sectores donde se detectaron la mayor cantidad de edificaciones sin autorización y conflictos por sobreposición de títulos de propiedad. ­

En los últimos cinco años la Alcaldía de Sacaba derribó más de 500 construcciones en las zonas de El Pueblito, Tuscapujllo, El Abra y Lava Lava.

“En gestiones pasada se han hecho demoliciones masivas, de más de un centenar de cuartos de tres por tres o de menor medida”, finalizó.

 

Quillacollo interviene en área urbanas y rurales

Mientras que la Alcaldía de Sacaba se limita a controlar en el área urbana las edificaciones ilegales; en Quillacollo, el Ejecutivo municipal interviene también en zonas rurales enmarcando este trabajo en normas nacionales.

El secretario de Planificación de la Alcaldía, Wilbert Oporto, informó que los procesos de demolición de construcciones ilegales se realiza en función a la Ley No. 482.

“Emitimos tres notificaciones y si el infractor persiste se llega hasta la demolición, como Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo hacemos cumplir la normativa y la reglamentación en el área urbana y el rural en razón de que la Ley del INRA nos permite intervenir para precautelar la seguridad alimentaria”, puntualizó.

Aclaró que si bien la Alcaldía no define el derecho propietario de predios en conflicto tiene la obligación de proteger las áreas productivas del municipio.

Oporto precisó que las zonas más críticas con construcciones ilegales se encuentran al norte y sur.

“En el área rural es donde hay mucha gente que compró lotes y está construyendo sin saber que están en la ilegalidad y que hay conflictos de derecho propietarios en la vía judicial”, agregó.

El funcionario subrayó que los infractores tienden a esperar la tercera notificación para comenzar a presentar documentación del predio donde se emplaza la construcción.

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