Paz en Colombia

Columna
MUNDO CONVERGENTE
Publicado el 27/09/2016

Después de los 52 años las FARC, la última guerrilla latinoamericana, firmó los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano y se prepara para la desmovilización dentro de los próximos 180 días. El propósito de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y política está expresado claramente en los acuerdos. Es de esperar que las FARC se vayan a transformar en un partido político, como ocurrió con el FMLN de El Salvador en 1992. El objetivo de la guerrilla —implantar en Colombia un Estado socialista— será perseguido por medios pacíficos.

El acuerdo de “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas” expresa el compromiso de instaurar una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, se comprometan con los valores de la democracia y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas.

La desmovilización y la salida de los 7.500 combatientes de las FARC se efectuará sin armas y de civil en 23 zonas. Los campamentos transitorios ofrecerán la capacitación profesional y educación a los exguerrilleros. Las armas de las FARC serán entregadas a la ONU y serán utilizadas para la construcción de tres monumentos. Además, las FARC procederán a la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonales y otros artefactos de guerra.

Los acuerdos hablan ampliamente de las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones paramilitares responsables de homicidios y masacres y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la reconciliación nacional. Para ello se creará una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República, así como unidades especiales de la Fiscalía y Policía Nacional. “No puede haber justicia privada en Colombia (pues) no hay violencia buena, todas las violencias son condenables”, afirmó Humberto de la Calle, el negociador de los acuerdos por parte del Gobierno. Los acuerdos serán monitoreados y verificados por un mecanismo tripartito integrado por las partes firmantes y por la ONU.

Los acuerdos fueron ya ratificados unánimemente (existe un grupo disidente del Frente Primero) por los delgados a la X Conferencia Nacional Guerrillera y firmados solemnemente el día de ayer, 26 de septiembre en Cartagena por el presidente Santos y por el comandante de las FARC Rodrigo Londoño (Timochenco) y serán sometidos a la aprobación de los colombianos en un referendo el 2 de octubre. El Presidente de Colombia presentó también los acuerdos ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

No todos los colombianos están conformes con los acuerdos. Algunos consideran que los mismos significan una rendición ante las FARC y ven en ellos una garantía de impunidad para los combatientes responsables de crímenes de guerra, de las cuales no se arrepienten ni serán castigados. Reprochan que los acuerdos no hablen del narcotráfico, ni de los secuestrados, ni de la indemnización para las víctimas. Efectivamente los acuerdos no están claros sobre la responsabilidad penal de los combatientes, sólo se habla de la excarcelación de los integrantes de las FARC en virtud de una ley de amnistía, de la no extradición de los miembros de FARC a los Estados Unidos y de una futura política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto del acuerdo (un tribunal especial de paz). Los intransigentes consideran que es “una mala paz, peor que la guerra”. 

Pero, ¿qué es “mala paz2? Sólo un juego de palabras. Los acuerdos representan un compromiso entre partes y no la imposición de ninguna de ellas. La reconciliación entre colombianos implica saber ceder mutuamente para llegar a la paz, simplemente. Colombia se está encaminando hacia el fin de una guerra fratricida, el conflicto armado más antiguo de las Américas, que ha causado la muerte de por lo menos 260.000 personas, 45.000 de desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Se cierra también el ciclo histórico de las guerrillas en el continente como una forma de lucha política de la izquierda latinoamericana y se reafirma la aceptación de la democracia como sistema político.

 

El autor es comunicador social

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