Cuatro datos poco difundidos del Parque Tunari

Hace unos días publiqué un artículo destacando la importancia de contar con un Plan de Manejo en el Parque Tunari. Hasta ahora, la existencia de este Parque se limita a una ley que paraliza la actividad formal, pero al mismo tiempo crea espacios de confusión que permiten el abuso y la depredación. Ese plan puede orientar la formulación de reglamentos que hagan viables los objetivos. Al mismo tiempo se ha presentado un proyecto de ley que añade ambigüedades a la confusión y alienta nuevos oportunismos. En todo caso, el debate se intensifica y la creciente difusión de opiniones hace necesario que nos informemos más y mejor del tema. Aquí comparto cuatro cosas poco conocidas de esta área protegida.

El Parque Tunari es mucho más grande de lo que se pensaba. Muchos pensamos que el Parque Tunari está formado por una inmensa arboleda que sube las laderas del norte de la ciudad, más unos terrenos aledaños sobre los que está avanzando la urbanización. No es así. El Parque Tunari es un área de más de 300 mil hectáreas (3 mil millones de metros cuadrados) y va desde la laguna de Corani hasta las alturas de Morochata y Tapacarí, involucrando a nueve municipios autónomos en su gestión. Aunque para la mayoría de los cochabambinos es algo muy cercano, pues lo podemos ver desde cualquier punto de la ciudad, su dimensión hace que solamente tengamos experiencia directa de una parte minúscula del mismo. Por lo tanto, es muy alto el riesgo de que desarrollemos una opinión parcial de los problemas, potenciales y desafíos de un Parque que vemos pero que no conocemos.

Dos: la misma denominación de “Nacional” que tiene el parque Tunari puede llevar a creer que se trata de un territorio de carácter público. La realidad es que en el Parque Tunari casi no hay tierras fiscales. Las áreas de carácter público son las que ceden los propietarios a medida que se construyen vías, se instalan servicios públicos o se autorizan subdivisiones. Así, aunque resulte paradójico, para el parque es más beneficiosa una urbanización bien reglamentada que un asentamiento desordenado. A la primera se le puede exigir cesión de áreas incluso para uso forestal, además de establecer límites al empleo de ciertos materiales o garantías de mantenimiento de áreas verdes, etc. A un asentamiento espontáneo no. Como resultado de un proceso formal y supervisado es posible lograr, por ejemplo, que por cada 10 hectáreas “urbanizadas” se consiga la mitad para áreas verdes, y que la otra mitad contenga también áreas verdes privadas que faciliten la absorción de agua para los acuíferos subterráneos. Menciono esto como ejemplo para mostrar que incluso a partir de una zona formada por propiedades privadas es posible lograr un mejor entorno ambiental con reglamentos claros y transparentes. Es necesario recordar siempre que el hecho de no tenerlos abre las puertas a la arbitrariedad y el abuso.

La tercera cosa es que la denominación de “parque” lleva a pensar que es un área abierta, de condiciones naturales especiales y que, por tanto, debe estar relativamente libre de actividades humanas. Es más, muchos creen que la presencia humana en el parque es ilegal y debe ser erradicada. Pero sucede que en el Parque Tunari viven cerca de 100 mil personas. No solamente viven ahí, sino también trabajan, estudian, bailan y sufren y en su mayoría lo hace con pleno derecho. Ya sea porque están en sus propiedades, sea que las heredaran o compraran, o porque las alquilaron a sus dueños. Tal vez existan algunos casos de usurpación o de ocupación ilegal de terrenos, pero son, como en cualquier otra parte del país, excepcionales.

La normativa del parque no proscribe la propiedad y una característica de ésta es el derecho que tienen los dueños de usarla y transferirla. Obviamente, la condición de “área protegida” impone algunas restricciones sobre esos derechos, pero esas restricciones deben validarse con un trato equitativo que permita compensarlas. ¿Por qué razón el propietario en un área protegida ha de ser obligado a renunciar a parte de sus derechos sin que el propietario en otras áreas lo compense, siendo que también se beneficia de la protección?

Este dato pone en cuestión el carácter altruista de un discurso en favor de la conservación ambiental para futuras generaciones cuando en el fondo se plantea que, para lograrlo, se sacrifiquen los demás, los otros, esos 100 mil a los que la ley cae con fuerza desigual.

La cuarta es clave, pues se relaciona a la gestión integral del agua. Uno de los argumentos más importantes en relación al Parque Tunari es que fue concebido para proteger los acuíferos del valle. Éste es sin duda un tema fundamental para Cochabamba, ya que a pesar de las tradiciones acerca de su nombre, se trata de un valle semiárido con muy baja precipitación pluvial y pendientes que impiden retener el agua. Llueve en promedio menos de 400 mm al año con variaciones que van de 1 en junio a 90 en enero. Debido a esas variaciones, las lluvias de la temporada alta tienden a salir rápidamente del valle y sólo una pequeña parte logra penetrar los suelos. Esa parte es cada vez más pequeña porque la urbanización, con sus construcciones y vías pavimentadas, ha impermeabilizado los suelos. Con el agravante de que, para reducir los riesgos de desborde, también se han canalizado torrenteras y arroyos, impermeabilizándolos a pesar de su fundamental importancia para la captura de agua. En este análisis debe tomarse en cuenta de que la mayor parte de las zonas de absorción de acuíferos se encuentra fuera del Parque Tunari. De hecho, el 50 por ciento está debajo de la cota 2.750, como lo prueba el hecho de que la mayor parte de los pozos está en la zona norte, ahí donde nadie parece preocuparse de la conservación de acuíferos. La paradoja es que el esfuerzo conservacionista se dirige hacia la periferia de la ciudad que está encima de la cota, donde se encuentra solamente el 4 por ciento del área  de recarga acuífera. El porcentaje restante, se halla en los humedales formados en las partes más altas, donde hay centenares de lagunas. Por lo tanto, creer que la amenaza de convertir a Cochabamba en un desierto proviene de las laderas no hace más que ocultar el hecho de que esa amenaza ya es una realidad destructiva en la misma ciudad y en la expansión urbana sobre las campiñas. Ellas son las que habría que preservar. Desde el punto de vista del agua, haría menos daño construir edificios elevados en parte del San Pedro que seguir convirtiendo los campos agrícolas de Colcapirhua y Tiquipaya en condominios de baja densidad habitacional.

Como se ve, es mucho lo que se juega y poco lo que sabemos. Por ello, demos la bienvenida al debate siempre que no se base en prejuicios ni pinte diablos inexistentes en las paredes.

El autor es  economista.

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