Indicadores de legalidad

No existe manera alguna de alcanzar estándares de estabilidad, desarrollo y crecimiento sin institucionalidad, lo que implica entender que la construcción de un Estado viable debe descansar en premisas dirigidas a cumplir ese objetivo. ¿Cómo hacerlo? Construyendo normas desde la Constitución, pasando por leyes, decretos y resoluciones de menor rango, donde se establezcan reglas de convivencia entre el Estado y los particulares y entre éstos entre sí. Por tanto, no existe manera alguna de conducir un proceso sino se parte por edificar legalidad que permita mínimos códigos de conducta y señales claras que den cuenta por dónde y a dónde debe dirigirse un país.

Que la ley es perfectible, es una premisa indiscutible. Todo es perfectible en tanto la norma no busque privilegiar intereses particulares. Pongámoslo así: el sometimiento a la ley es la base de la institucionalidad y la que permite que un país avance. Introducir criterios contrarios denostando el peso específico de la norma, es cuando menos retroceder a estadios en los que primaba la voz del más fuerte y la voluntad de unos cuantos por encima del interés general. Por tanto, la ley no puede ir de la mano de intereses políticos y menos debe ser utilizada como artilugio para alcanzar los mismos. Su modificación, ya sea vía abrogatoria o derogatoria, debe seguir sólidos argumentos en los que como norte rija el propósito de forjar un Estado institucionalizado, no la perpetuidad en el poder.

Por ello, las señales de quienes nos gobiernan deben ser claras. Nada parecido, por supuesto, a decirle a la gente que si nos sometemos a la ley no hacemos nada. Fatal yerro que exige una rectificatoria retórica a efecto de contextualizar conceptos. Porque es cierto, muchas veces la alocución presidencial está presidida de un contexto que debe ser entendido con pausa. Dijo Morales: “hay que cambiar esa ley porque también otros hicieron esa ley, ahora hay que hacer cambiar esa ley para respetar la ley pero cambiar y acelerar la inversión y atender las demandas sociales”.

De acuerdo. Por ejemplo, existen leyes que por el paso del tiempo entran en desuso u otras que no se ajustan a la dinámica que pretende ser implementada como parte de políticas de gestión pública, lo que obliga a que sean abrogadas o modificadas. Eso es perfectamente posible. Al ser así, entiendo que ese pudo haber sido el sentido de lo que quiso decir, por lo que más allá de la necesidad de que así se aclare, es vital subrayar que las leyes no sólo sirven sino que son indispensables para alcanzar institucionalidad.

La mala noticia es que Bolivia es un país con un escaso entendimiento de lo que ello implica. Ejemplos sobran. La tragedia de LaMia, la crisis del agua o el asalto al Fondo Indígena son sólo muestra de lo que sucede cuando un país no es maduro en términos  institucionales y cuando pesa más que la ley y su acatamiento, el compadrerío, el favor político y la ineficiencia en el manejo de la función pública.

Termino aquí: el semáforo es un auténtico indicador institucional. Piénselo. Las ocasiones en las que no se respeta la luz roja permiten entender de forma muy simple, cuán fácil es vulnerar la ley porque al frente, no hay Estado que pregone lo contrario. Las señales que da, muchas veces contradictorias y erradas, dejan en el colectivo ciudadano una sensación en la que nada malo hay si violas la norma porque nada malo pasará. Urge por tanto, revertir conceptos y cuidar el vocabulario. En el terreno institucional, estamos demasiado mal para no hacerlo, y pronto.

El autor es abogado.