La democracia bajo presión

Hay un número de argumentos por los cuales el bloque en el poder considera factible la reelección del Presidente; en su noveno congreso el MAS ha trazado la fórmula legal: 1) hacer un nuevo referendo, 2) reformar la Constitución en la Asamblea Legislativa, 3) renuncia anticipada del Presidente, 4) la interpretación del Tribunal Constitucional; estas cuatro llaves han sido acorazadas con la afirmación de que la voz del pueblo puede ser modificada por otra voz del pueblo ¿Se puede decir que estas fórmulas son innovadoras para el funcionamiento democrático o, por el contrario, anuncian el fracaso del sistema? ¿Qué consecuencias trae a la democracia la votación de referendos por parte del pueblo desconociendo los frenos y contrapesos constitucionales?

La democracia constitucional (DC) y la democracia popular (DP) son mitades que no coinciden y esa no coincidencia es responsabilidad de los partidos políticos y de su clase dirigente que han decidido no respetar las reglas del juego democrático. No se tiene una adecuada comprensión del elemento sistémico entre DC y DP; los patrones de interacción de ambas muestran que la democracia bajo presión no puede funcionar bien, sino hay una adecuada relación entre estructura social y desempeño institucional imparcial, tampoco sería democracia si el acceso al Gobierno se cierra a un monopolio partidario y limitado al disfrute de un subconjunto de pequeñas elites; una modelación caprichosa del sistema político de los que detentan el poder supone que los perdedores sucesivos del juego electoral podrían fundar su propia república o, en los hechos funcionen niveles de gobierno segmentados e inconexos.

DP y DC están lejos de ser sinónimas; si bien la primera goza del estatus mayoritario la segunda tiene el derecho de hacer cumplir las reglas del juego, las relaciones entre ambas expresan las preferencias electorales y limitan las pretensiones de quiebre del orden constitucional. La estabilidad de la democracia depende de que se respete la voluntad popular mayoritaria expresada en las urnas, pero también de que la legalidad sea mantenida en el largo plazo promoviendo alternativas al Gobierno y produciendo alternancia efectiva de Gobierno, es la única manera en que la democracia se renueva genuinamente y se vuelve más institucionalizada.

Si se establecen límites sociales e institucionales difusos y de conveniencia entre el derecho popular a gobernar y el gobierno discrecional de las leyes, no solamente que el Estado de Derecho se desequilibra sino que se pone en serio peligro la supervivencia de la democracia. Esta falta de una relación fuerte entre DC y DP está conduciendo a una democracia débilmente institucionalizada, en nombre del pueblo la clase gobernante quiere prorrogarse en el Gobierno ocupando los cargos públicos de una manera promiscua, sin tomar en cuenta lo que piensa la gente común (o al menos una fracción importante de ella); los componentes popular y constitucional de la democracia se sustituyen por una especie de dictadura electiva donde los favorecidos con el Gobierno concentran poderes absolutos y, los opositores carecen de poder.

La democracia tiene “diversas caras” pertenece a la soberanía del pueblo pero también a la vigilancia constitucional, su fundamento es el consentimiento popular constitucionalmente regulado; los problemas comienzan cuando la decisión política viola abiertamente el consentimiento en tanto derecho constitucional cambiándolo por la decisión de un Gobierno temporalmente elegido; las consecuencias son derrumbe de la autoridad política y rechazo ciudadano a la autodisolución del régimen existente por fines de autoperpetuación. El proceso de cambio ha cambiado, hoy hay más pesimistas que optimistas, en ese estado de ánimo la gente prefiere hacer política dentro de la ley y no fuera de ella; entonces hará falta una acción vigorosa para mantener las instituciones legales del Estado Plurinacional contra los vicios reformistas.

El autor es docente emérito de la UMSA.