El Tipnis otra vez
El costo humano, cultural y ambiental sería irreparable. Por tanto, el problema del Tipnis no puede ser tratado como un problema de correlación de fuerzas políticas en la ALP
El conflicto suscitado hace seis años por la apertura de la carretera desencadenó en una confrontación sin precedentes entre el movimiento indígena y un gobierno que proclama la representación de los pueblos indígenas. Este conflicto desnudó factores estructurales y coyunturales como el proyecto nacional desarrollista y extractivista del gobierno y su necesidad de legitimación política, los conflictos de intereses entre sectores campesinos/colonizadores versus indígenas, y reveló la presencia de otros intereses económicos transnacionales implicados. El desenlace de la confrontación en ese momento favoreció al movimiento indígena, pues, después de una larga marcha que despertó la adhesión nacional e internacional, logró la aprobación de una ley que protege el territorio indígena.
Pero las cosas no terminaron ahí, en realidad el gobierno nunca renunció a la construcción de la carretera, en distintas ocasiones el presidente del Estado y otras autoridades de gobierno, se refirieron al tema como si se tratara de algo pendiente, como ‘cuestión de tiempo’, y las obras aparecían reiteradamente en planes de gobierno nacional o departamental. Esta intención sostenida en el tiempo estuvo acompañada por una sistemática presencia estatal en el territorio del Tipnis respaldada por los medios oficiales, mostrando las bondades de la vinculación vial con el argumento de que ésta llevaría progreso y mejora de las condiciones de vida de la población junto a la entrega de viviendas, obras de infraestructura, servicios y otras, neutralizando así la oposición a la carretera.
Es preciso recordar que la lucha por dicho territorio no es reciente, el primer gran paso se dio hace casi 30 años mediante la promulgación de un decreto supremo, el de 24 de septiembre de 1990, en que fue declarado territorio ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, reconocido como un espacio fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades originarias de la zona. Esta conquista se fue consolidando durante los gobiernos neoliberales, y resulta absolutamente paradójico que, después de aprobada la nueva constitución que incluye la plurinacionalidad y el reconocimiento explícito a los derechos de los pueblos indígena originarios, sea el propio gobierno que se autoproclama indígena, el que sabotee esta conquista.
Pero volvamos a preguntarnos: ¿por qué resulta tan importante proteger el Tipnis? Por innumerables razones que han sido expresadas a lo largo de estos años, por una parte ligadas a la larga lucha histórica de los pueblos indígenas por la recuperación y preservación de sus territorios y culturas que ha trascendido la dominación colonial, postcolonial o neocolonial, al nacionalismo, las dictaduras y al actual momento histórico denominado “descolonizador”. Por otra parte, en estrecha relación con lo anterior, porque se trata de una de las reservas ecológicas más importantes del planeta. Es irrefutable el daño ambiental que provocaría la construcción de la carretera pues implicaría la deforestación de casi la mitad del territorio protegido de la franja bioecológica Madidi-Amboró que contiene abundantes especies animales y forestales, y por su condición ecológica genera abundantes lluvias que favorecen a la acumulación de reservas acuíferas. Nada de lo que estoy afirmando es novedoso, pero, o se ha perdido la memoria o se pretende ignorar deliberadamente.
En el otro lado de la moneda está la oferta del progreso, el mejoramiento de las condiciones de vida inmediatas de la población, sobre todo de campesinos cocaleros que avistan su propio beneficio invadiendo el área protegida; pero ello, como insistimos en este artículo, no significa mejorar la calidad de vida de los indígenas originarios del parque, y el costo humano, cultural y ambiental sería irreparable. Por tanto, el problema del Tipnis no puede ser tratado como un problema de correlación de fuerzas políticas en la ALP.
La autora es socióloga.
Columnas de MARIA TERESA ZEGADA
