El caso del “bebé Alexander”
Hace algo más de tres años, a mediados de noviembre de 2014, una brutal noticia sacudió la conciencia colectiva. Fue cuando entre las noticias de ese día se destacó la que daba cuenta de la muerte por paro cardiorespiratorio de Alexander, un bebé de ocho meses que según el Ministerio Público habría fallecido como consecuencia de horrendos vejámenes sexuales.
Como se recordará, el “caso del bebé Alexander” que es como se hizo famoso, pasó a ocupar un lugar central en la atención de la opinión pública cuando el Ministerio Público acusara al médico del hogar Virgen de Fátima nada menos de haber causado la muerte del infante a causa de una penetración anal. A partir de entonces, una comisión de fiscales conformada para atender el caso procedió a la detención preventiva de muchas personas directa o indirectamente relacionadas con el cuidado y atención del orfanato
A partir de entonces, decenas de personas –las directamente acusadas y sus círculos familiares y sociales– fueron condenadas a sufrir un calvario cotidiano. Similar suerte corrió un periodista de El Diario quien, por haber tenido la valentía de investigar los entretelones oscuros del caso, fue sometido a presiones que trajeron a la memoria los peores tiempos dictatoriales.
El caso dio un giro hace tres años, el 25 de marzo de 2015, cuando el presidente del Colegio Médico de La Paz presentó en una conferencia de prensa los resultados de un informe de ADN según el que habría quedado demostrado que el bebé Alexander no fue violado por ninguno de los imputados en el caso y que la verdadera causa de la muerte del infante habrían sido complicaciones resultantes de una neumonía de la que padecía antes de ser internado en el hospital donde falleció.
La publicación de ese y otros informes dio sólidos fundamentos a la sospecha de que muchas personas –entre médicos, enfermeras, personal hospitalario auxiliar, personal del orfanato que acogió al infante, entre otras— fueron sometidas a una especie de ordalía moderna sólo por saciar la voracidad “justiciera” de una sociedad hastiada de la impunidad que la rodea.
Ahora, tres años después de que tomara cuerpo la posibilidad de que el Ministerio Público y los jueces encargados de resolver el caso estuvieran dispuestos a cometer una monstruosa injusticia en nombre de una especie de rito de exculpación colectiva, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz ha vuelto a dar plena actualidad al caso al haber condenado a 20 años de cárcel al médico que estaba de turno la noche fatídica. Y lo ha hecho en circunstancias tan dudosas que hoy, como hace tres años, hay motivos para temer que estemos, una vez más, ante una muestra más de los extremos a los que ha llegado en nuestro país la pérdida de confianza en la justicia.
