¿Y la soberanía?

Un poquito de instrucción cívica en los años escolares y un tiempo en la Internet pueden volvernos expertos en jurisprudencia. O por lo menos darnos esa sensación cuando logramos encontrar argumentos para respaldar nuestras intuiciones.

Me refiero una vez más al juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín, que se realiza en una corte distrital del sur de la Florida, en Estados Unidos.

Sánchez de Lozada fue presidente constitucional, por segunda vez, desde el 6 de agosto de 2002 hasta el 17 de octubre de 2003 y, al momento de su renuncia, Carlos Sánchez Berzaín era ministro de Defensa. En el juicio, los familiares de ocho personas que murieron entre septiembre y octubre de 2003 demandan que ambos asuman responsabilidad civil y personal por la muerte de esas personas. Un jurado ciudadano ya emitió veredicto y encontró que deben ser considerados responsables y ofrecer compensación pecuniaria a los familiares. El juez de la causa admitió el pedido de revisar el veredicto y examinar su consistencia jurídica.

Los familiares de las víctimas y sus abogados están en Bolivia festejando este resultado, con el argumento de que así se repara una injusticia y aseguran que su mayor logro ha sido sentar en el banquillo al expresidente y su entonces ministro. Las autoridades nacionales, comenzando por el presidente Morales, han hecho eco de esta manera de ver las cosas.

Esta pequeña reseña resalta ahora lo que  está en juego: nada más y nada menos que la soberanía de Bolivia. Es decir, el fundamento esencial de su condición de Estado.

El juicio recoge una demanda de ciudadanos bolivianos en contra de otros ciudadanos bolivianos, por hechos que sucedieron en Bolivia. Pero el juzgado está en EEUU, lo preside un ciudadano de ese país y los jurados son también ciudadanos de los EEUU. En otras palabras, con este juicio EEUU está ejerciendo soberanía plena sobre Bolivia. Y Bolivia no protesta por ello, lo festeja.

La ley bajo la cual se ha planteado este juicio no es una norma de carácter internacional, que refleje el consenso de varios Estados para ceder, bajo ciertas condiciones, una parte de su soberanía en favor de órganos que crean entre todos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esa ley la aprobó el Congreso de los Estados Unidos, que rinde cuentas a su propia nación, pero se arroga el derecho de juzgar lo que suceda en cualquier parte del mundo.

Uno de los primeros casos planteados bajo esta norma fue una demanda contra el expresidente de México, Ernesto Zedillo. El Gobierno mexicano reaccionó de manera inmediata protestando formalmente por esa intención, que implicaba una intervención jurídica y amenazaba violar la soberanía mexicana y otorgó inmunidad presidencial a Zedillo. Si ha cometido delitos o tiene responsabilidad sobre ellos, será la justicia de México la que decida y castigue, argumentaron. De ese modo el Estado mexicano defendió su soberanía.

En el caso de Sánchez de Lozada hay un tema adicional que hace más grave aún la situación. Es, que se los demanda por responsabilidad civil en actos realizados en su condición de autoridades representativas del Estado. Si acaso tomaron decisiones irresponsables, no fue por razones personales sino en su condición política y en el marco de sus obligaciones políticas. Cualquier exceso debería caer bajo la jurisdicción de tribunales políticos o, si ellos no pueden funcionar, de tribunales internacionales de derechos humanos. Estos fueron creados justamente con el propósito de proteger a los individuos de cualquier país frente a los posibles abusos de sus gobernantes, responsabilizando por ellos a los Estados. Así ocurrió en el caso Trujillo Oroza, cuando la Corte Interamericana impuso al Estado boliviano una compensación por la desaparición de aquel joven durante la dictadura de Bánzer.

Al margen de cuál vaya a ser el resultado del juicio en Florida, la soberanía boliviana ya ha sido vulnerada y el Gobierno no hizo nada para evitarlo. Podría decirse más bien que lo provocó, al debilitar tanto al poder Judicial que lo hizo inservible para proteger a sus propios ciudadanos.

La autora es boliviana residente en Londres.