Mentiras inducidas por “error”

El informe de la muerte de Jonathan Quispe Vila, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que se dio a conocer en una conferencia de prensa por el ministro de Gobierno Carlos Romero, el fiscal Ramiro Guerrero y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, presenta más dudas que evidencias cuando se señala que el subteniente de la Policía Cristian Casanovas Condori sería el responsable de la muerte del universitario.

La ciudadanía, que se enteró del informe a través de los medios de comunicación y las repercusiones en las redes sociales, pone en duda la nueva versión del Gobierno, ante la susceptibilidad de que se busca un “chivo expiatorio” para dejar libre de culpa al Ministro de Gobierno, porque con demasiada prisa adelantó un informe señalando que el disparo procedía de los mismos estudiantes que habrían utilizado una canica en los petardos que portaban en la marcha. Además, descartaba “científicamente que la Policía sería responsable de la muerte de Jonathan Quispe”.

No es posible creer que en una institución jerárquica como la Policía, un subordinado como Casanovas actúe de manera autónoma y personal. Por tanto, no se puede decir que “lo sucedido es de absoluta responsabilidad” del subteniente que recibe órdenes superiores y actúa en consecuencia. Pareciera que no dudan en sacrificar a un integrante del ámbito policial, para enmascarar la renuncia del Ministro de Gobierno solicitada por una asamblea de docentes y universitarios de la UPEA, que durante la semana han continuado con acciones de protesta en contra del Gobierno.

No solo el Ministro de Gobierno entra en contradicciones. La versión de la Policía tampoco goza de credibilidad cuando el Inspector General Walter Lizeca Torrez señalaba que el estudiante Quispe ingresó a un domicilio “saltando y corriendo” junto a 23 personas y que luego de “13 minutos salió sin vida”, desvirtuando su responsabilidad y además anunciando que se identificarían a las 23 personas para conocer lo ocurrido al interior de la vivienda.

Por otra parte, el informe médico del Instituto de Investigación Científica (IDIF) contradice la versión del Ministro de Gobierno y señala que “el estudiante murió de forma instantánea luego de recibir un impacto a la altura del corazón”, resultado que contradice la Versión de Romero que afirmó que el “joven corrió más de 150 metros después que le disparan en cercanías del distribuidor de la Ceja de El Alto.

Finalmente, la versión del Ministro de Gobierno y de la Policía no se ajusta a la verdad de los hechos cuando las autoridades de la UPEA, en compañía de un equipo de peritos, el lunes 28 de mayo en conferencia de prensa y con el uso de imágenes de video, contradicen el informe atribuyendo la muerte de Jonathan Quispe por el disparo de una escopeta, responsabilizando y acusando a efectivos de la Policía de ser los causantes de la muerte del estudiante.

El Ministro de Gobierno, para deslindar su responsabilidad ante el pedido de renuncia de las autoridades de la UPEA y de dirigentes de la oposición, luego de varios días de silencio frente a los medios de comunicación, sorprendió el jueves 31 de mayo con una conferencia de prensa, para ofrecer sus “disculpas por haber inducido a un error” encontrando al culpable en el subteniente, lavándose las manos para continuar en el cargo.

Todas esas contradicciones horadan mucho más la poca credibilidad que tiene el Gobierno frente a la ciudadanía, para mostrarlo como un régimen carente de ética y moral.  

El autor es periodista y docente universitario