¿Cerrar la Defensoría?

Un ex defensor del pueblo, Rolando Villena Villegas, ha planteado una medida extrema: cerrar la Defensoría.

En todos los casos, y en todos los países donde existe la figura, el Defensor del Pueblo es un funcionario que debe proteger a los ciudadanos comunes de los abusos de los poderes públicos.

Bolivia no es la excepción ya que la Defensoría del Pueblo es una institución establecida como tal en el título V de la Constitución Política del Estado que lleva el título de “Funciones de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado”. Entre sus atribuciones, enumeradas en el artículo 222, está la de “formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones”.

Tanto por su origen y naturaleza como por lo establecido en la ley, el Defensor del Pueblo debe estar junto a este y protegerlo de posibles abusos del poder público. Eso implica ponerse al frente de los gobiernos, sean estos central, departamental, municipal o indígena originario campesinos.

En sus dos años y medio de gestión, el actual defensor del pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, ha demostrado estar más cerca del poder que frente a él. En octubre del año que termina, por ejemplo, calificó de “atentando horrendo” el escupitajo que el Vicepresidente del Estado recibió en Santa Cruz. Por si fuera poco, llegó a emitir pronunciamientos públicos y, por lo tanto, institucionales, respecto a ciertos acontecimientos políticos, como la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre la habilitación del binomio Evo Morales/Álvaro García Linera.

Los argumentos que emplea el defensor en cuestiones políticas son prácticamente los mismos del oficialismo, incluso cuando éste se equivoca. Así, cuando la gubernamental Agencia Boliviana de Información se equivocó al decir que el candidato opositor Carlos Mesa había declarado que eliminaría los bonos, cuando lo que él hizo fue criticar el rentismo –que sólo está vinculado tangencialmente a ese tema– Tezanos emitió una declaración oficial en defensa de los bonos y rentas.

Villena dice que, por esas y otras actuaciones, Tezanos ha demostrado una funcionalidad al Gobierno que está diametralmente opuesta a la función del Defensor del Pueblo. Por tanto, se ha desnaturalizado y la institución debería desaparecer.

En 2017, la Defensoría del Pueblo le costó al Estado la suma de 1.402.358 bolivianos. Es una suma muy alta para el funcionamiento de una institución que, desde que Tezanos la dirige, defiende al Gobierno, no al pueblo.