Crisis tarijeña y débitos automáticos

Estos últimos días el gobernador de Tarija tuvo serios impases con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, todo esto debido al débito automático que se realizó a la gobernación tarijeña para beneficio de los municipios, pero ¿qué es y cuando se realiza un débito automático?

El débito automático es una acción administrativa mediante la cual el nivel central del Estado “le suprime recursos” a una entidad cuando esta incumple una ley, un decreto, un convenio intergubernativo o un compromiso y estos recursos los deposita en las cuentas bancarias de la Entidad beneficiaria que previamente denunció el incumplimiento, impidiendo el abuso económico de parte de la entidad infractora.

En el caso de Tarija, la Asamblea Departamental emitió la ley departamental N°206 mediante la cual la gobernación debe transferir el 8% de la regalías hidrocarburíferas a los municipios del Departamento de Tarija, sin embargo, el gobernador Adrián Oliva desconoce esta ley departamental y no la cumple, aduciendo o poniendo como pretexto que la gobernación necesita esos recursos.

Como toda ley emitida y promulgada (sea nacional, departamental o municipal), su cumplimiento es obligatorio para cada uno de los ciudadanos, así uno no esté de acuerdo. Las autoridades respectivas son las encargadas de que las leyes se cumplan, mediante la aplicación de los mecanismos otorgados en la normativa vigente.

En el caso de los débitos automáticos, los municipios del Departamento de Tarija, en aplicación de la ley departamental N°206 y ante el incumplimiento de la Gobernación en otorgarles el 8% de la regalías, iniciaron el correspondiente trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que mediante esta entidad se depositen en sus cuentas los recursos establecidos en la ley.

En este sentido, cuando se realiza el débito automático, Oliva pretende confundir a la población tarijeña indicando que el gobierno central fue el que tomó la iniciativa de realizarlo, pero olvida decir que son los alcaldes de los municipios quienes (cumpliendo los requisitos establecidos) exigieron al ente rector de las finanzas públicas el cumplimiento de la transferencias de los recursos de las cuentas de la Gobernación a los municipios.

En palabras sencillas, los municipios afectados piden el cumplimiento de la ley departamental N° 206, aprobada en la gestión de Adrián Oliva, quien pretende utilizar al gobierno central como excusa para ocultar sus propios errores, conel pretexto de que el Departamento de Tarija se encuentra en una crisis económica sin precedentes.

El pueblo tarijeño está consciente de que la actual crisis chapaca, que ya se veía venir desde 2015,  es producto de una mala administración. El gobernador Oliva que es el que más recursos recibe. Sólo para comparar, Tarija tiene un presupuesto anual cercano a Bs.1.700 millones, frente a los Bs 2.410 millones de Santa Cruz, los Bs 1.676 millones de La Paz, estos no es nada justo puesto que los gobernadores deben atender con ese presupuesto más de 2 millones de habitantes cada uno, mientras que Oliva solo debe atender a 600 mil habitantes, y todavía decir que le falta recursos no es nada justo.

El autor es economista