Tema minero

¿Qué semejanzas existen entre Gonzalo Sánchez de Lozada minero mediano que empezó a desempeñarse en la política como diputado por Potosí el año 1979 y los asambleístas del MAS, Carlos Troche, ex – presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de las provincias del departamento de La Paz (FECOMAN) y Andrés Agustín Villca Daza ex- presidente de FENCOMIN?

• Que los tres utilizaron el poder político para fines personales o de grupo;
• Que los tres utilizaron el poder político para obtener áreas mineras de propiedad del pueblo boliviano, para explotarlas en beneficio privado, aportando lo mínimo posible en impuestos y regalías al estado;
• Que las actividades mineras de los tres no respetan la ley de medio ambiente y provocan enormes daños a la madre tierra, al agua y a las comunidades campesinas e indígena originarias, ubicadas en las proximidades de los yacimientos que obtuvieron del estado;
• Que los tres actúan en función del corto plazo y del lucro que pueden obtener de las prácticas extractivas, sin destinar nada de sus excedentes para industrializar la producción que obtienen de nuestra generosa geografía.
• ¿Qué diferencias existen entre los tres?: la única, el tamaño de su patrimonio…., tal vez por la diferencia de tiempo que ha transcurrido desde que empezaron sus actividades extractivas.

Después de la nacionalización de las grandes minas de los barones del estaño, Patiño, Hoschild y Aramayo, el partido de gobierno de aquel entonces, el MNR intencionalmente, diseñó un rol para los “mineros medianos” en la generación de excedentes e impulso del desarrollo nacional, entonces acordó una serie de contratos de operación, arrendamiento de yacimientos, joint ventures y otros que generaron una burguesía indolente con la problemática nacional y de las regiones donde operaban sus empresas.

En la actualidad, las cooperativas mineras se han convertido en otra fracción de la burguesía emergente, cuya riqueza se origina en las mismas fuentes y cuya insensibilidad con el país, las regiones, los operarios que trabajan en relación de dependencia y el medio ambiente y las comunidades rurales próximas a sus yacimientos, es la misma, o tal vez mayor, que la de los grandes mineros.

La diferencia entre el MAS y los anteriores gobiernos desde 1990, es que el actual partido de gobierno, ha logrado modificar parcialmente el régimen impositivo, ejecutar un nuevo modelo tributario para el sector minero y aplicar sanciones coercitivas severas a quienes evaden impuestos, regalías y aportes a la seguridad social en el sector minero. La nueva normativa minera y de los mecanismos de fiscalización que ha implementado el Ministerio de Minería y Metalurgia han generado resultados favorables para el fisco nacional. Observando la relación entre impuestos recaudados de las actividades mineras (metálicas y no metálicas) y el producto interno bruto del sector minero, que muestra la gráfica adjunta; se puede constatar que el actual gobierno, está recaudando cuatro veces más de lo que se recaudaba en los gobiernos precedentes del MAS (1990-2005).

Observando un plazo más largo sobre la dinámica exportadora de minerales, puede observarse que desde años antes de la relocalización (cierre de las minas en el primer gobierno de Sánchez de Lozada), hasta el 2005, el valor de los minerales exportados no alcanzó los US$ 500 millones anuales y que, gracias a la subida de los precios internacionales, los valores de nuestras exportaciones mineras subieron entre seis y siete veces en el período 2012-2018.

La gráfica adjunta permite percatarse que la actividad minera no desapareció con los despidos de trabajadores mineros, el cierre de la empresa estatal COMIBOL y la privatización posterior de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF).

Los dos gráficos que se presentan a continuación, muestran la evolución del índice de precios de los principales minerales explotados en territorio nacional durante el período 1990-2019.

Cuando se correlaciona esta información con el gráfico precedente que muestra el nivel de recaudaciones de impuestos en relación al Producto Interno Bruto de la actividad minera, se puede verificar que apenas se incrementan los precios internacionales de los minerales, la actividad extractiva se reactiva automáticamente y las recaudaciones de impuestos crecen (sin detenernos en los detalles y diferencias por tipo de mineral, tamaño de empresa o régimen público o privado de explotación).

En un taller internacional auspiciado por la CEPAL el año 2012 sobre “Rentas de Recursos Naturales no-renovables en América Latina y el Caribe”, se constató que la participación estatal en impuestos directos e indirectos en los países sud americanos respecto a la renta minera, refleja pocas diferencias para el tratamiento de las inversiones en el sector minero teniendo en cuenta las diferentes políticas minero metalúrgicas y el tratamiento a las regalías, patentes, impuestos y otras contribuciones por la explotación de recursos naturales.

Puede constatarse que la posición de Bolivia no deja de ser atractiva comparada con la media de las contribuciones de las principales empresas del sector minero a nivel internacional.

Es conocida la posición del Perú respecto a este tema, constatando que en dicho país se registra la menor participación estatal para favorecer las inversiones en ese sector extractivo.

El cuadro adjunto presenta el valor de la producción minera en dólares americanos para el período enero-septiembre del 2018, en los principales complejos productivos del sector minero metalúrgico. La nacionalización ha permitido participación preponderante del Estado sólo en la cadena de producción de estaño y hierro-acero; sin embargo en los otros complejos que se explotan en el territorio nacional, la participación privada es la dominante en la actividad minero-metalúrgica. En la explotación de recursos evaporíticos, el sector privado participa en este complejo con importantísimos niveles de producción en ulexita, ácido bórico y baritina, superando el valor de la producción estatal de litio.

Fuente: Boletín Estadístico Ministerio de Minería (III Trimestre 2018)

Desde la vigencia de la Ley 535 de Minería y Metalurgia (28 de mayo 2014), su artículo 94 reconoce y respeta los derechos constitucionales adquiridos de los titulares privados preconstituidos a la vigencia de dicha norma. Sin embargo, obliga a adecuar esos derechos al régimen de contratos administrativos mineros, para lo cual cada titular debiera haber presentado un conjunto de documentos para acreditar su funcionamiento legal, facilitar las labores de fiscalización y control estatales y tramitar la aprobación de nuevos contratos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de lo que establece la Constitución para la explotación de recursos naturales.

Como todas las normas nacionales, la tardanza en su reglamentación ha generado diferentes problemas en las actividades del sector. Después de la aprobación de la Ley 545, el reglamento para la presentación de los Planes de Trabajo y Desarrollo recién fue aprobado según Resolución Ministerial Nº 100 del 29 de mayo del 2017.

La inseguridad generada durante el proceso de discusión y aprobación de la nueva Ley generó la contracción de las inversiones privadas como se aprecia en el gráfico adjunto[1].  Sin embargo, durante las dos últimas gestiones la Asamblea aprobó Contratos Administrativos Mineros a un ritmo excepcional, lo que denota un adecuado nivel de cumplimiento del nuevo régimen minero.

Los procedimientos de fiscalización introducidos en la nueva ley de minería y metalurgia, permiten al Estado la resolución de los contratos, cuando se establezca como causal de resolución el incumplimiento a los Planes de Trabajo y Desarrollo, verificado dicho incumplimiento mediante inspección por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Esta disposición elimina la vieja lógica de especulación de los titulares de “concesiones” que sin realizar inversiones transferían sus derechos a terceros sin mediar el interés nacional y sin haber incurrido en la mayoría de los casos en ninguna inversión en las áreas mineras concesionadas.

La evaluación de las inversiones realizadas en diferentes ámbitos de la intervención pública en el sector minero metalúrgico es algo que deberá encararse en el corto plazo para definir la continuidad de las mismas y su optimización. Por documentación disponible del sector se conoce que las inversiones realizadas en este sector fueron las siguientes en orden de importancia:

• Industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni
• Empresa Siderúrgica de El Mutún
• Exploración, Equipamiento e Infraestructura Huanuni
• Construcción Planta de Fundición Ausmelt
• Prospección y Exploración
• Apoyo a la generación de empleo y desarrollo económico en el sector minero
• Rehabilitación Planta Metalúrgica de Karachipampa
• Rehabilitación Complejo Hidrometalúrgico Corororo
• Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Coipasa
• Rehabilitación de la Fundición de Bismuto de Telamayu
• Rehabilitación de la Fábrica de Ácido Sulfúrico
• Rehabilitación de la Planta Industrial de Pulacayo

No se tienen indicadores de desempeño para las diferentes unidades empresariales del Estado Plurinacional en el sector Minero, aspecto que debe generarse para el proceso de evaluación que se sugiere implementar en el mediano plazo.

En este sentido, la valoración objetiva de las diferentes unidades empresariales que tiene el Estado en el sector minero metalúrgico, debiera empezar por transparentar la gestión de la Corporación Minera de Bolivia, cuyos estados financieros no se publican en el portal del SIGEP desde la gestión 2012 y las Memorias Anuales de la empresa no permiten evaluar los resultados de gestión ni los impactos de las inversiones a cargo de esa importante empresa nacional.

La población necesita conocer propuestas de solución de los candidatos a la problemática descrita, también se requiere respuestas ante los fracasos registrados en varias de las inversiones que ha encarado la empresa estatal del sector minero metalúrgico y la discrecionalidad en las negociaciones de áreas fiscales con cooperativas y diferentes grupos privados que operan en el territorio nacional.

Fuentes utilizadas:

http://www.ine.gob.bo (estadísticas de comercio exterior);
http://www.udape.gob.bo (estadísticas sector fiscal)
London Metal Exchange - MB

[1] Plan Sectorial de Desarrollo Integral Minero Metalúrgico 2016 - 2020 (pg. 33)

El autor es economista