La disputa sobre evaluación en educación

En semanas anteriores, la prensa nacional ha publicado sendos artículos de dos distinguidas profesionales, Amalia Anaya y Ana Solares, en torno al tema de la evaluación. El primero critica ácidamente la factibilidad de las ofertas programáticas electorales. El segundo reivindica la evaluación de la calidad en el marco de posibilidades existentes.

La disputa no debiera, a mi modo de entender, comenzar discutiendo si los instrumentos para evaluar son propios o prestados. O si era mejor lo que se intentó hacer anteriormente. La educación es algo bastante más serio que denostar candidatos o defenderlos. 

El desafío más importante que tiene la evaluación de la educación –en Bolivia y en cualquier parte– es constituirla en Política de Estado. Con mayúsculas. Ahí debiera encaminarse la discusión. Cada gobierno le pondrá el sello de su compromiso electoral. Pero la evaluación de la calidad de la educación es central en un Estado democrático que cumple con su obligación de dar cuenta pública y transparente de los resultados de las decisiones de política que haya adoptado en educación. Eso es lo más importante a construir, porque hoy no existe.

En tanto Política de Estado, adopto expresamente la perspectiva de una evaluación puesta al servicio del derecho a la educación escolar, y lo más lejos posible de la impronta funcional como procedimiento para valorar la oferta educativa del mercado. Lamentablemente, esa fue la puerta de entrada en América Latina de los sistemas de evaluación diseñados en el pasado siglo.

Comparto el sentir de educadores que cuestionan las pruebas estandarizadas para medir los aprendizajes como únicos o principales indicadores de la “calidad de la educación”. Sin desconocer que tienen un lugar en un proceso más amplio e integral. Desde la perspectiva de políticas educativas que conciben la escuela como el espacio en el que se ejerce el derecho humano a la educación, el debate debe transitar por las respuestas a algunas preguntas.

La primera pregunta no es con qué instrumentos se evaluará, sino ¿para qué se evalúan los resultados de la educación? Desde la óptica que asumo, para que el Estado cumpla con la obligación jurídica que ha contraído de producir los cambios que rompan la reproducción de desigualdades, cualquiera sea su origen, y garantice así el derecho universal a la educación. La evidencia empírica que pueda hallarse permitirá identificar y dar solución a los problemas o situaciones que lesionan el derecho a la educación escolar de todas y todos. Tan simple, como complejo.

¿Qué se evalúa? Es una segunda importante pregunta. Una visión sesgada lleva a muchos a asociar esta respuesta exclusivamente a la información proveniente de las pruebas estandarizadas. La respuesta depende del concepto que una sociedad haya acordado sobre la “calidad” de su educación. Se requiere un enfoque integral que considere los resultados que se deseen para los estudiantes, no solamente de carácter cognitivo, sino las actitudes, valores y comportamientos frente a la vida y al desarrollo propio y de su sociedad; lo que incluye sus capacidades para enfrentar la sociedad global con identidad propia. Así como valorar las condiciones y los procesos que contribuyeron a la producción de esos resultados. En estos radica la responsabilidad del Estado y de los procesos que genera para obtenerlos. Los técnicos hablan de la evaluación de la pertinencia y relevancia del contenido de los programas de estudio, de la eficiencia de los procesos, en tanto los recursos se adecuen a los resultados y de la eficacia, referida a los logros de aprendizaje de los alumnos.

Claro, hay que preguntarse, también, cuándo se evalúa. Es un proceso permanente y que no es propio solamente del fin del año o de la periodicidad de las pruebas internacionales… Debe formar parte del diseño mismo, curricular o programático. Cuando únicamente se piensa en los instrumentos exógenos, entran en consideración las limitantes de complejidad y costo. La evaluación, como proceso permanente, requiere un tratamiento muy particular en la formación inicial y continua de los docentes y del personal involucrado en la gestión educativa.

Y no puede faltar, claro, la pregunta por el cómo se evalúa. Lo que debemos acordar como Política de Estado, es que la evaluación de la calidad consiste en un proceso ineludible de investigación que adopta los enfoques metodológicos propios de las ciencias sociales.

El autor es doctor en ciencias de la educación.
jorge.riverap@tigomail.cr