Poder y mitos detrás del humo
Quemar la cobertura vegetal, ya sea de bosques o pastizales, se ha convertido en el método más usado en Bolivia para la habilitación de tierras, especialmente en las regiones bajas del país. Quienes defienden esta actividad argumentan que es una práctica ancestral y económicamente irremplazable, puesto que otras alternativas son demasiado costosas. Quemar las tierras es legal y, peor aún, es “normal”.
Evidentemente, el chaqueo forma parte del acervo cultural de muchos pueblos indígenas amazónicos desde tiempos remotos. Pero el tiempo y las condiciones han variado. No es lo mismo un indígena yuracaré limpiando una parcela en bosques tropicales húmedos, hace medio siglo atrás, o un ganadero recuperando sus pastizales en las pampas de Mojos, que decenas de miles de nuevos agricultores quemando miles, sino millones de hectáreas de cobertura vegetal en ecosistemas secos. Este masivo cambio de escala es el que ha convertido la quema en un desastre.
En pleno siglo XXI, cuando la ciencia y la tecnología en el mundo evolucionan de manera vertiginosa en este sector, quemar equivale a proporcionar hachas de piedra a los agricultores.
En cuanto a su desempeño económico, bien vale aquí el dicho popular: “lo barato cuesta caro”. Sin cuidados por la tierra y animados por un extractivismo ciego, estos cultivos tienen una muy corta duración y terminan fabricando eriales estériles. Pero esto importa poco, la solución es adquirir nuevas tierras en otra parte. En realidad, se impulsa una agroindustria precaria e ineficiente.
¿Cómo es posible una situación tan lamentable? Quizá una parte de la explicación está en los mitos que tenemos los bolivianos y en los que, aparentemente, seguimos creyendo. Es tiempo de volverlos a considerar.
Algunos de ellos se remontan a épocas prehispánicas, pero los más devastadores vienen desde el proceso de colonización iniciado después de la Reforma Agraria. Las tierras bajas se consideraban baldías puesto que los pueblos indígenas se consideraban “salvajes” (sic). Por ignorancia acerca de la fragilidad y las características de esos ecosistemas, el verdor de los bosques confundió a la gente haciéndole creer que se trataba de tierras “fértiles”. Sin embargo, son el cimiento sobre el que parte una serie de políticas rurales equivocadas. Debemos volver a plantearnos la pregunta desde el principio: ¿qué es la tierra?
De esos mitos fundacionales, surgieron otros. Entre ellos, uno que resulta decisivo en la actualidad lo constituye la ficción jurídica de considerar a la agricultura como la única “función económica y social” que justifica la tenencia de una propiedad rural, por encima de otras actividades como la ganadería o la forestería. Quien tenga una parcela grande, mediana o pequeña, está obligado a sembrar o cuando menos “limpiar el monte”. Y el primer paso es quemar. Es legal y es lo más sencillo. Incluso si después no siembra, el propietario ya ha comenzado a ejercer su derecho y a darle “función económica”.
Se trata de la herencia mítica de siglos de extractivismo trasladados del ámbito minero a la agricultura de los trópicos. Explotar el recurso hasta agotarlo. Con estos mitos que imaginan a Bolivia como una tierra tan plana como los escritorios de los burócratas, sin biodiversidad ni ecosistemas, todo el problema radicaba en de quién era la tierra, cómo distribuirla, y cómo hacía uno para hacerse de una tajada. Y, según quien gobernaba, hubo tajadas de todo tipo. Mientras discutíamos de quien era la tierra surgieron nuevos actores y fenómenos, a velocidad insospechada.
La distribución de tierras, con la consiguiente licencia para prenderles fuego, se ha constituido en una de las principales políticas de Estado. El respaldo legal que ostenta ha crecido en forma inversamente proporcional a la información, capacitación, equipamiento, tecnología, insumos agrícolas, dotación de servicios y una larga cantidad de otros requisitos que los agricultores requieren y que brillan por su ausencia. La vocación de los suelos, su clasificación y hasta los modernos Planes de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, son papel mojado.
En los últimos años, toda esta problemática se ha reducido al campo político. Defender el DS 3973, mantener la discrecionalidad y la irracionalidad en la distribución de tierras, se han convertido en el símbolo del poder. Eso es lo que cuenta y eso es lo que se defiende.
Un poder que viene acompañado de todos los vicios que suelen acompañar a los procesos políticos autocráticos: corrupción, tierras de engorde, loteadores, prebendas, negociados y un largo etc., además de su impacto ambiental y el despilfarro de nuestros recursos. Otorgar tierras otorga poder, aunque su uso sea tan incierto como alejado de cualquier programa agrícola razonable.
Es el caso de la tragedia de la Chiquitanía. Lo peor es que se la veía venir. Los sucesos previos de Roboré fueron la llamada de alerta que no supimos oír. El Gobierno, con su ineficiencia, no solo incumplió las reglas para esta práctica, sino que esconde todo el poder acumulado en años sobre ella. Y lo propio hacen los colonizadores y algunos aspirantes a empresarios del sector al oponerse a que se revisen dichas normas. Más aun, quieren ocultarnos el futuro y ocultar también el trabajo de otros empresarios que demuestran que se puede hacer agricultura y ganadería de alta productividad y eficiencia sin agotar la tierra ni despilfarrar su fertilidad. Pero si seguimos dominados por la lógica de la explotación del recurso tendremos más tragedias tanto con la tierra como con el agua, otro de nuestros tesoros inapreciados.
No basta ahora con apagar el fuego. El primer paso para la ciudadanía es tomar conciencia de este problema y reflexionar al respecto en búsqueda de alternativas. Mantener el chaqueo es dejar la puerta abierta a varias modalidades de delincuencia y, quizá, a catástrofes irreparables que comprometan el desarrollo del país.
El autor es historiador.
