Tren metropolitano: para la memoria

Hace seis años, el MAS imaginó el tren metropolitano para Cochabamba, y en 2017, después de dos intentos, adjudicó la obra llave en mano al Asociación Accidental Tunari (AAT) –consorcio de las empresas Joca, española, y Molinari, suiza– por 447 millones de dólares.

La ejecución del proyecto se lanzó sin tener un documento técnico mínimo que pueda avalar ese presupuesto resumido en 13 ítems, algo inédito en la ingeniería. Deducimos que era parte de la campaña masista. El Ministro del sector instruía que no era necesario proyecto de ingeniería, pues “en el camino se arregla la carga”.

Resultó como la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, de 320 millones de dólares, al desnudo, sin proyecto. El recorrido total del tren es de 42 km, definieron tres rutas, dos –líneas roja, 5 km, y verde, 27 km,– sobre rieles existentes. Y la tercera –línea amarilla, 10 km– sin ruta, era dibujo libre. La AAT encontró una solución por el lecho del río. Quienes conocemos la historia de nuestro “rio Rocha turbio”, la rechazamos y consideramos una aventura política. Después, otras siete alternativas paralelas, recorriendo el eje del río, también fueron objetadas por los impactos ambientales y al sistema vial de las avenidas que corren a lo largo.

La Asociación de ingenieros eméritos de Cochabamba (Asieme) propuso, si era para mejorar el sistema de transporte público, que esa línea ingrese al centro de la ciudad. Esa alternativa está a la espera de su aprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Mopsv).

Luego del cambio de Gobierno, con el nuevo Ministro de Obras Públicas se abrió la posibilidad de tener acceso a las obras, se detectó gran cantidad de problemas en las líneas verde y roja, su avance es del 50% y 90% respectivamente, y la amarilla que solo tiene un 10%, según información del Mopsv, se pagó 300 millones de dólares y existe pendiente efectivo por lo ejecutado 327 millones de Bs. El saldo no es sencillo deducir si el contrato estableció solo 13 ítems, la Unidad Técnica de Ferrocarriles fue pagando de forma poco transparente, a la nueva administración le quedan dudas respecto de lo pagado y lo ejecutado físicamente y los equipos y materiales. Resolver esa incógnita significa un trabajo titánico.

El Ministerio puso en duda la transparencia del contrato adjudicado por 447 millones de dólares en tan solo 18 días. Según el Ministro habría un sobreprecio de 113 millones de dólares, y una asambleísta de Cochabamba denuncia un monto de 200 millones de dólares. Es posible que esta obra continuará paralizada.

En noviembre de 2019, con los problemas políticos empezaron a relucir las observaciones a esta obra; luego se sumó la pandemia de la Covid 19 que impide los trabajos. Y se añade la falta de pago de planillas. Por la complejidad de los temas, no vemos una salida sencilla.

Una mirada a las obras, da la sensación de abandono, en las líneas roja y verde, panorama desolador.

Nuestro país está con problemas financieros de alto calibre, este es otro factor que se suma a los anteriores y que puede llevar al Gobierno a tomar la decisión de dejar esa obra paralizada indefinidamente.

Objetivamente, el proyecto se generó de mala manera, no tenía ningún sustento técnico, “en el camino pensaron arreglar la carga”, el Ministro no asumió la responsabilidad técnica sino las instrucciones políticas, Asieme lo observó porque estaban en juego 447 millones de dólares y no era una solución al transporte masivo que es una “necesidad estructural”.

Lamentando por todos los problemas que pesan sobre esta obra y el riesgo de que quede como “inconclusa” y resulte un nuevo elefante blanco, como muchos otros que engendró el Gobierno del MAS, consideramos que, si bien se trata de una inversión que dinamiza el sector de la construcción, fue un pecado grave de autoridades carentes de visión de investigar, estudiar y elaborar proyectos integrales de ingeniería, donde se deben comparar alternativas al ser de tan alta inversión.

Hoy, el Gobierno está debatiendo algo similar como es el destino de otra obra, la Planta de urea de Bulo Bulo donde se gastó más de mil millones de dólares, se ha investigado y anualmente estaría reportando pérdida anual del orden de 500 millones de dólares.

Es hora que el Gobierno haga un esfuerzo y tome una decisión, aunque dura, y establezca las responsabilidades de quienes fueron los ejecutores.

El autor es ingeniero civil