Leyes y sistema judicial

No hay Estado que funcione democráticamente si no cuenta con un órgano judicial probo y, sobre todo, independiente. Por ello, los magistrados y jueces deben ser seleccionados entre los juristas más capaces y probos, pues en sus manos suele estar la propiedad, el honor y la libertad de los ciudadanos. Esta responsabilidad implica, asimismo, hacer que se protejan los preceptos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que son indispensables para la armonía social.

Lo contrario, o sea el control de los fallos judiciales y las detenciones ilegales, son características de las dictaduras. Y esto, lamentablemente, sucedió en Bolivia y con mayor rigidez, desde 2006. El Poder Judicial estaba a disposición del Gobierno. Y aún hay intentos de repetir esa conducta perversa. Para seguir la carrera judicial, había dos condiciones políticas no académicas: ser militante del Movimiento al Socialismo y estar dispuesto a cumplir sus consignas políticas.

En general, los integrantes del Órgano Judicial permanecieron en sus cargos durante el gobierno transitorio. Fue entonces que se enjuició a los que destruyendo propiedades públicas y privadas y, en verdaderas turbas, destruyeron bienes públicos y privados.

Con el retorno del MAS al poder, en menos de un mes se lanzaron nuevas acusaciones. Los jueces que se mantuvieron durante el gobierno interino, ahora liberaron a delincuentes que decían haber sido apresados por militar en el MAS. A la vez, en este nuevo gobierno se detuvo a jefes militares y policiales por cumplir el deber de controlar disturbios violentos que desataron los partidarios del renunciante presidente.

Ahora se anuncia que se conformará una comisión de juristas destacados para estudiar el cambio del sistema legal en Bolivia. Lo que parece es que también se estudiará, entre otras reformas, una nueva Constitución –la actual consta de más de 410 artículos, muchos simplemente declarativos y otros incumplibles por garantías imposibles que ofrece y, finalmente por marcar diferencias entre los pueblos que habitan nuestro territorio (V. Gustavo Coronel. La nueva constitución boliviana. El Cato.10 de febrero de 2009).

Por supuesto que, si se revisa al actual Órgano Judicial, es indispensable revisar las leyes y establecer un conjunto de normas moderno y aplicable. Se sabe –esto si es inesperado– que en la comisión creada habrá juristas destacados. Esto puede ser un paso concreto para que la vieja estructura judicial, sea remozada y, por fin, se comience a actuar con independencia y probidad. Y no fallar siempre en favor del oficialismo.

Una muestra de autenticidad democrática sería que se ordene detener los apresamientos, especialmente de militares y policías, que solo cumplieron con su deber.

El autor fue embajador de Bolivia