¡Lucho lo hizo!

Cuando parecía que el “Modelo Cruceño” estaba un tanto extraviado y cada una de las instituciones andaba por su lado, el Presidente y su muy mal equipo que debía preparar el Censo Nacional de Población y Vivienda decidieron hacer las cosas mal y Santa Cruz volvió por sus fueros y organizó su propia Comisión Impulsora del Censo Nacional, que comenzó a despellejar, como si fuera una cebolla (hasta dio ganas de llorar), los errores, desaciertos, faltas… En fin, la incompetencia de quienes a falta de argumentos técnicos nos respetaron aquello de que “el censo es una atribución privativa del Poder Central o Poder Ejecutivo”, con tal de no rendir cuentas del “no avance” con el que estaban atravesando.

¡No tenían nada! No tenían avance en la actualización cartográfica (sin eso, no se tiene nada). No tenían sistemas informáticos móviles (que se compra y ni siquiera eso pudieron hacer, en un Estado que dilapida plata por todo y nada). No coordinaban con nadie (al comienzo se creyó que era por soberbia, luego entendimos que era para esconder sus incapacidades). No tenían ni siquiera una preboleta censal para socializarla con alguien. ¡No tenían presupuesto! 

En esas condiciones de “no-avance”, se ratificó a Humberto Arandia (exdirector del INE), se cambió a la ministra Felima Gabriela Mendoza a cinco meses de la realización del Censo, se quedó con el incapacitado e incapaz funcionario y se sentaron a planificar cuándo deshacían el objetivo central: el Censo.

Antes de esto, el Ejecutivo, en la cartera que correspondía hacerlo, se había presentado al Legislativo a fin de responder sobre “la marcha del Censo” y dijeron que todo iba bien, es decir, mintieron al país a nombre del Presidente, quien luego nomás (un mes y días), acicateado por la “sugerencia oportuna” de ocho gobernadores, además de su militancia organizada en entes corporativos de representación, decidió dejar sin efecto la realización de una obligación constitucional; postergaron, como si fuera cualquier cosa, por dos años el Censo, violando la Constitución y la ley. 

Daba la impresión de que había sido un asunto de ocho departamentos contra uno, cuyo Gobernador no asistió a la reunión y al que se le echó la culpa de la postergación “por no haber ido a defender su punto de vista y posición regional”; pero más allá de la falta cometida por Camacho, al no estar en esa reunión o al menos avisar que había sido convocado, convengamos en que no hubiera cambiado nada, porque lo que el Gobierno pretende tener es un manejo político del Censo y de los tiempos que lo acerquen a 2025 sin tener que hacer cambios en la distribución económica y parlamentaria, porque hay quienes creen que eso es todo, un asunto de distribución de plata y escaños, cuando la realidad es que el Censo es un instrumento valioso para diseñar y preparar el futuro.

Esto va mal. Como ejemplo: en el país hay tres departamentos que están en problemas de crecimiento: Oruro, Potosí y Chuquisaca, ¿en serio sus autoridades creen que postergando el Censo van a lograr revertir los hechos?, ¿en serio creen que manteniendo el número de parlamentarios van a salir de sus problemas? No importa, ellos, los gobernadores, están ahí para darle gusto al Presidente y, a lo mejor, hasta creen que ponen a Santa Cruz contra la pared.

¡Error! Santa Cruz se reunió la tarde del viernes pasado y el Modelo Cruceño volvió a aparecer y aun reconociendo sus diferencias (seguramente fue lo mejor que se escuchó esa tarde) decidieron hacer causa común para exigir desde explicaciones, argumentos al Poder Central y realizar tareas que demuestren que el Censo se puede hacer; eso significa poner la “inteligencia” por encima del capricho y demostrar no sólo los problemas jurídicos en los que se metió “el Lucho”, sino que se puede demostrar técnicamente que estamos a tiempo de hacer un censo para 2023, sin exigir fechas, simplemente demostrando qué se tiene, qué falta y en cuánto tiempo se puede llegar a recoger una muestra que nos ponga la realidad en la mesa, no sólo cuántos somos, sino qué tenemos y de qué estamos hechos.

“El Lucho” no va a ganar nada pateando el tarro de la mala situación a donde no se lo vea (a dos años); en algún momento se lo verá y se recogerá una situación peor que ésta, no nos va a servir que desde ahora se nos mienta con que las cosas van a mejorar; se mejora con ideas, no con imposiciones desacertadas. 

Pero este texto no se lo escribe para hablar de los desastres del “Lucho” sino para testimoniar que Santa Cruz vuelve a unirse para lo importante, para rechazar el DS 4760 que posterga el Censo porque no tiene ningún fundamento técnico que lo justifique; para exigir a la brigada parlamentaria cruceña (lo que de ella queda, porque hay una parte que es brigada masista, elegida en Santa Cruz, que no es lo mismo) inicie las acciones legales que correspondan contra las autoridades responsables de este atropello por incumplimiento de deberes y por daño económico al Estado; para encomendar a la universidad, la Gobernación y el municipio cruceños que elaboren una propuesta de Ley Nacional de Censos, en la cual queden claramente establecidos los períodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los Institutos Estadísticos Departamentales, para ser presentada y gestionada por la brigada parlamentaria cruceña; para encomendar al Instituto Cruceño de Estadística de la Gobernación de Santa Cruz que realice la Encuesta Poblacional de Necesidades a nivel departamental, que permita a la gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada para responder de manera pertinente a las necesidades de la población cruceña.

Y también para exigir al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del Art. 123 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía para la incorporación de los rectores de universidades autónomas a este Consejo; para encomendar a la UAGRM que prepare y presente los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del Impuesto a las Transacciones Financieras, el Impuesto a las Grandes Fortunas, de las Notas de Crédito Fiscal y de los títulos-valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente (va para todos los departamentos, no sólo Santa Cruz); y también (otra vez, esto es pensar en el país) para exigir que el Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE y que se cree un fondo de compensación para los municipios que se vean afectados por la pérdida de población, para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el gobierno nacional. ¿Se negarán gobernadores genuflexos y alcaldes militantes de la yesquera?

Y finalmente: lo que a uno no le agrada, pero a veces se justifica: en el plazo de cinco días hábiles, se convoca a un PARO DEPARTAMENTAL desde el lunes 25 de julio de 2022.

Lucho lo hizo… A ver qué pasa, pero no va a ser fácil este tiempo.