Preguntas urgentes, respuestas impostergables

Columna
LA LUZ Y EL TÚNEL
Publicado el 27/09/2022

El recrudecimiento del bullicio de las estruendosas y ahora continuas acusaciones que intercambian los miembros del Gobierno y la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) facilita que denuncias auténticamente graves queden flotando, sin explicaciones, destino o seguimiento, favoreciendo un clima y sentimiento de impunidad generalizada.

De todas las que se han lanzado, se mencionan aquí unas pocas de alto impacto en la seguridad común. Las primeras tocan directamente a la Policía y al Ministerio de Gobierno. En un caso se trata de la denuncia pública del coronel Yerko Terán contra sus máximos superiores, incluido el Viceministro de Sustancias Controladas, de haber interferido y finalmente cancelado un operativo para intervenir y desmantelar un complejo industrial de cuatro grandes plantas de elaboración de clorhidrato de cocaína, en el Chapare tropical. El señalamiento de Terán alcanza hasta el titular de Gobierno.

Según la explicación del oficial, la excusa de sus mandos para ordenar la “exfiltración” (sic) (repliegue y salida) de las tropas intervinientes era prevenir las acciones de retaliación de las bandas delictivas dueñas y administradoras de las plantas contra el personal policial. El primer reflejo de la Policía y el Ministerio fue castigar al denunciante, pero dado el peso de la denuncia y, principalmente, que ésta ha sido respaldada ruidosamente por el jefe del MAS, las sanciones se suspendieron, sin que después de ello se conozca qué ha pasado con el oficial y su situación actual.

Los superiores denunciados estarían siendo investigados, lo que no aplica al Viceministro que, según la denuncia, ordenó suspender el operativo y habló personalmente con el responsable para justificar su determinación. Desde el momento en que el Ministro decide mantener en su puesto a su inmediato subordinado asume una corresponsabilidad directa, ya sea en el caso de que la autoridad hubiese actuado correctamente, como si su actuación fuese dolosa y criminal.

El Ministro no ha explicado clara y completamente lo ocurrido, aunque ya está cerca a cumplirse un semestre de los hechos, conocidos a principios de abril, con el agravante de que el operativo que se realizó en los días siguientes “para desmantelar plantas de procesamiento de cocaína”, también en el valle de Sacta, se habría dirigido contra otros objetivos menores —nuevamente según otra denuncia del coronel Terán— que se hicieron pasar ante la opinión pública como aquellos cuya intervención y destrucción fue abortada por decisión de los máximos responsables.

Es más grave, si cabe, el caso de la relación entre los acusados de responsabilidad material e intelectual por el fusilamiento de tres policías —incluyendo un voluntario— y un alto jefe, inicialmente condecorado como responsable de la captura de los ejecutores y luego señalado como el proveedor de las armas empleadas para asesinar a sus camaradas. La investigación de su participación se realiza con la detención domiciliaria del imputado, quien, según registros de la prensa, emitió amenazas contra sus superiores, incluido el Ministro de Gobierno, en caso de que fuese enviado a la cárcel. La benevolencia del trato de este acusado contrasta con la rigurosidad que se aplica a tres manifestantes encarcelados por portar escudos y petardos en una manifestación.

El Ministro de Justicia, quien proyecta una imagen de fiscal, juez y tribunal de apelación último, guarda un enigmático o piadoso silencio ante estos acontecimientos, solidarizándose con su colega.

Despliega una actitud prácticamente idéntica, frente a la investigación sobre lo ocurrido con un soborno que rondaría los dos millones y medio de dólares (Bs 18 millones) por la adjudicación de una obra caminera a la empresa china CHEC, que ha sido beneficiada con contratos que superan los 3.500 millones de dólares, adjudicados mayoritariamente durante los mandatos de Morales Ayma.

El Ministro de Justicia afirma que el Ministro de Obras Públicas y el Presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) estarían actuando ejemplarmente al entregar la documentación requerida por jueces y fiscales, como si no fuera una irrecusable obligación el cumplir con el mandato de las leyes. La explicación del Ministro para no exigir responsabilidades, así sea sólo por negligencia a esas autoridades, tiene, otra vez, olor a solidaridad corporativa.

El guante de seda para amigos y el garrote para cualquiera que sea señalado como riesgoso o contrario, como Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB, brutamente atropellada en sus derechos, o los miembros de ADEPCOCA, dibuja la marca de injusticia e inequidad que caracteriza nítidamente a quienes conducen el país bajo su incontrolado arbitrio.

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