Por un censo pronto y oportuno

Es tiempo de cabildo, la viva voz del poder constituyente latente que exige a los poderes constituidos un censo sin procrastinar.

Es la evidencia histórica del reclamo por parte del pueblo cruceño a todas las autoridades y servidores públicos del país en búsqueda de un censo sin dilaciones y postergaciones, que desistan y dejen de infringir la transparencia en la información actualizada (arts. 8-II, 232, 242 numeral 4, arts. 270 y 306-III de la Constitución boliviana, CPE), la vulneración al derecho a la información veraz y oportuna (art. 21 num. 6, arts. 106 y 242 de la CPE) y la postergación de las utilidades que trae ella consigo, esto es, por ejemplo: la distribución proporcional de recursos económicos procedentes de la coparticipación tributaria (disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización), la distribución de escaños en diputados que es proporcional a la cantidad de habitantes, de manera que cuando cambia la cantidad de habitantes se altera el número de representantes en la estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional (circunscripciones uninominales, plurinominales e indígenas originario campesinas); y la distribución de recursos asignados a la lucha contra la pobreza con el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). ¡Censo ya! ¡Censo en 2023!

Observar que el decreto supremo N° 4546 de 21 de julio de 2021, en su Art. 5, establecía que el Censo Nacional de Población y Vivienda debía ser realizado en fecha 16 de noviembre de 2022 y ejecutado por el INE; sin embargo, dicho decreto supremo fue luego modificado de un plumazo por otro, el decreto N° 4760 de 13 de julio de 2022, el cual sin ninguna justificación de motivo expreso postergó el censo sin establecer siquiera fecha alguna para su realización y al irresponsable encargado del censo que es el INE (que debió ejecutarlo este año y no desea hacerlo), en su disposición adicional única del decreto vigente N° 4760, establece absurda y textualmente lo siguiente: “El INE, mediante Resolución Expresa, hasta el primer trimestre de la gestión 2024, establecerá la fecha específica para la ejecución del empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2024”. Es decir, al incumplidor (INE) se le da la potestad que decida la fecha siendo que en censos anteriores (como ser en los años 2001 y 2012) se establecieron fechas exactas en el mismo decreto y no así mediante una simple resolución, dejándolo al arbitrio de un ente operativo (INE), el cual ha demostrado total ineficiencia desvergonzada.

Ante tal situación, dado que resulta por demás de claro y evidente, que no existe voluntad política alguna para realizar el censo de forma pronta y oportuna con calidad técnica, a manera de sugerencia, por ejemplo, que mediante iniciativa ciudadana se presente propuesta de ley o exigir a los diputados y senadores nacionales de la oposición que, escuchando el clamor del pueblo, elaboren un proyecto de ley en el cual se establezca con suficiente exposición de motivos la necesidad de realización del censo nacional, estableciendo una fecha exacta y precisa para 2023, sin pretexto alguno y que no implique vanas, indebidas e infundadas postergaciones, contando dicho proyecto de ley con el apoyo de las regiones.