Historia repetida y agravada
Esta semana, el país vivirá una historia repetida, un libreto que se calca todos los años en vísperas del 1 de mayo. Después de que hace un mes, la COB diera a conocer su demanda de 10 por ciento de incremento salarial para 2023, se filtró la contraoferta del Gobierno: 3 por ciento para el salario mínimo y 1,5 por ciento para el básico. A partir de aquí es que se repite el libreto de todos los años: la COB despotrica una vez más defendiendo sus argumentos basados en la necesidad de los trabajadores antes que en la productividad o las posibilidades económicas y sociales. Este año observa que el incremento ofertado por el Gobierno no es ni la mitad de los solicitado, pero tiene esperanza: el debate aún comienza, dice.
Los empresarios, por su parte, exponen que la situación económica no da para incrementos salariales, y atender los porcentajes mencionados sólo agravará la crisis de las empresas, muchas de éstas cerrarán y bastante gente quedará sin empleo. Además, el crecimiento en 2022 no pasó del 3 por ciento y el Índice de Precios al Consumidor no superó el 2,8 por ciento. Es más, el reporte de marzo incluso ofrece números negativos. Sin embargo, estos argumentos pocas veces fueron tomados en cuenta por las otras dos partes. Y como todos los años, quedará también como un reclamo al viento el pedido de una negociación tripartita Gobierno-COB-empresa privada.
La novedad para 2023 es que los empresarios definitivamente no ven con buenos ojos ningún incremento salarial y plantean que éste quede congelado, al menos por este año. No parece que el Gobierno vaya a atender tal petición. Si nunca escuchó sus propuestas en este campo, menos lo hará ahora. Anunciar 0 por ciento de incremento sería un suicidio político para el Gobierno. No lo hará. Pero, del otro lado, tiene en contra los datos fríos de las calificadoras, la “desaparición” de los dólares, la falta de créditos, el déficit fiscal a la deriva desde hace 10 años y bajas proyecciones de crecimiento que el Banco Mundial, el FMI y la Cepal anticipan para este año.
Incluso la presunta baja inflación, de la que tanto se jacta el Gobierno, esta vez juega en contra: en términos simples, si no subieron los precios, no se justifica un incremento salarial. Por supuesto, para decidir el porcentaje final habrá que tomar en cuenta otras variables, como el poder adquisitivo.
Por todo ello, es de esperar que el porcentaje que se ofrezca este 1 de mayo surja de un análisis en que prime el aspecto técnico sobre el político y más aún sobre el demagógico, un porcentaje que guarde un equilibrio razonable entre la crítica realidad de las empresas y las necesidades de los trabajadores, un porcentaje fruto de la responsabilidad económica antes que de cálculos políticos y de libretos que se repiten año tras año sin ningún sentido.
