Sinvergüenzura sin límites

La decisión asumida por una de las salas constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de una acción de amparo constitucional que interpuso un ministro del Gobierno masista, por la cual se adoptó la medida cautelar de prohibir interpelaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a ministros del Ejecutivo, porque, en caso de producirse la censura y, con ella, la destitución del ministro censurado, se estaría atentando contra su derecho al trabajo, es una barbaridad y una sinvergüenzura sin límites que no causa efecto jurídico alguno.

Todo está relacionado con la Sentencia Constitucional 20/2023, de 5 de abril de 2023, dictada dentro de un proceso de inconstitucionalidad interpuesto por el diputado suplente Rolando Américo Enríquez Cuellar, de algunos artículos de la ley 1350, promulgada el 16 de septiembre de 2020 por la entonces presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa Murga, que determina que, adoptada la censura de un ministro, el presidente del Estado debe destituirlo en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de proceso penal en caso de incumplimiento, y dispone también que el censurado no podrá ejercer funciones como ministro o como máxima autoridad ejecutiva (MAE) de institución o empresa pública por tres años posteriores a su destitución, también bajo apercibimiento de proceso penal.

Conviene recordar que esa ley fue puesta en vigencia a raíz de la actitud de la entonces presidenta constitucional interina Jeanine Áñez, de destituir —por efecto de una censura— a su ministro de Defensa y volverlo a designar al día siguiente de su destitución, pese a que el artículo 158.I de la Constitución Política del Estado determina que la censura de un ministro implicará su destitución, lo que implica que el censurado dejó de gozar de la confianza del Órgano Legislativo y no puede volver a ocupar sus funciones.

Sin embargo, queda claro ahora que, si el Órgano Ejecutivo está en manos del MAS, siempre es posible que su titular mantenga en el cargo a cualquier ministro censurado, lo que constituye una impostura que vuelve a dar cuenta del entendimiento que los masistas (de uno y otro lado) tienen acerca del respeto a la Constitución y a las leyes, de la democracia y el Estado de derecho. La ley se aplica a los demás, no a los masistas

Ahora bien, la medida cautelar a que nos referimos constituye una aberración y un exceso inaceptable, por cuanto impide a la Asamblea Legislativa Plurinacional realizar un acto de fiscalización como es la interpelación. En otras palabras, se pretende impedir al Órgano Legislativo, el ejercicio de una de sus funciones que es la fiscalización, expresada en peticiones de informe, interpelaciones y censuras, a las que, por lo demás y de manera sistemática, se niegan los ministros como el violento titular de Obras Públicas, para quien Entel es una empresa privada (¿Qué fue de la nacionalización pregonada por el expresidente fugado?) y las denuncias de corrupción de una diputada contra la Directora General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Tarija, son “cosas de mujeres” (¡Viva la despatriarcalización pregonada a los cuatro vientos por los voceros y voceras de los gobiernos masistas!).

¿Se imaginan que, por efecto de alguna ley aprobada en la Asamblea Legislativa, se decidiera que, así sea temporalmente, los altos cargos del Órgano Judicial no pudieran emitir sentencias o autos? ¿O que el Ejecutivo no pueda dictar decretos? Algo parecido a eso es la barbaridad que acaba de disponer la Sala Constitucional mencionada.

Hay algo más. Los ministros son funcionaros designados, no electos, que no tienen un período de ejercicio de funciones determinado, sino que pueden ser removidos en cualquier momento. ¿Podríamos admitir que algún ministro removido de su cargo por decisión del presidente interponga una acción de amparo porque su remoción constituye restricción a su derecho al trabajo?

Está bien que la prohibición de ejercer el cargo de MAE en alguna empresa o institución pública sea eliminada, pero pretender que un presidente y los ministros se burlen del Órgano Legislativo es un exceso inaceptable, propio solamente de sinvergüenzas que quiere eternizarse en el poder.

Lo último. Esto que acaba de ocurrir es una muestra más de por qué el MAS no está interesado en ninguna reforma a fondo de la administración de justicia. Muchos miembros del Órgano Judicial son esbirros al servicio del masismo y eso el MAS no lo puede perder.