¡Libertad para César Apaza, ya!

Sin perjuicio de la indignación que ha causado la autoprórroga dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, queremos insistir hoy en otro caso que no sólo debe llamar nuestra atención, sino también indignarnos y convocarnos a la acción. Es el caso del dirigente del Comité de Autodefensa de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de Los Yungas de La Paz, César Apaza, que está en prisión, desde septiembre de 2022, imputado por una docena de delitos y en medio de un proceso que no avanza, al mejor estilo del MAS, que ha encontrado en los procesos penales, arbitrariamente digitados por fiscales y jueces serviles, la manera más práctica para deshacerse de opositores, disidentes o personas que simplemente le incomodan.

No es novedad, no es la primera vez que sucede. Ya tenemos la experiencia de los casos de José María Bakovic, Fernando Kieffer, Guillermo Fortún y Marco Antonio Aramayo, entre otros, que murieron luego de ser sometidos a esta inhumana práctica, violatoria de los derechos humanos.

Seguimos asistiendo a la presión a que son sometidos varios procesados para declararse culpables de delitos que no cometieron y aceptar un proceso abreviado que les permita recuperar su libertad, con lo que los poderosos y abusivos de turno, orondos, dicen: “Ahí está la prueba, reconocieron que cometieron los delitos que se les imputaron”. En la lista de este otro tipo de personas están el húngaro Elöd Tóásó, Mario Tadic y Juan Kudelka, acusados en el caso “terrorismo” en épocas del inefable Evo Morales; y en la actualidad los exministros de la presidenta constitucional interina Jeanine Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, y los miembros del Alto Mando Militar afín al MAS en 2019, que se negaron a masacrar al pueblo boliviano, los generales Flavio Gustavo Arce San Martín, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y Gonzalo Terceros, y el almirante Palmito Jarjuri.

Los que se niegan a ello pierden su vida, así de simple. Ya le pasó a Marco Antonio Aramayo y le puede pasar a César Apaza.

La semana pasada, este último fue visitado en su celda en la cárcel de San Pedro por la activista Jahnisse Vaca Daza, de “Ríos de Pie”. A la salida de la visita, ésta dio a conocer el pedido clamoroso de Apaza: “salven mi vida”.

Detenido violentamente el 22 de septiembre de 2022, fue torturado en dependencias policiales y enviado luego a la cárcel de Chonchocoro; sufrió una embolia y luego fue remitido a la cárcel de San Pedro. Tiene medio cuerpo paralizado, no puede levantarse de cama y depende de la ayuda de otros privados de libertad para sus más elementales necesidades. Está en evidente riesgo de muerte. Aun en tales condiciones, es chantajeado por agentes del gobierno, que le “sugieren” que se declare culpable para recuperar su libertad y recibir atención médica, como si los privados de libertad no tuvieran ningún tipo de derecho. Se sabe que, como ocurre en otros casos de presos políticos del régimen masista, que hay un cerco que impide que personas de buena voluntad lleguen hasta ellos para cooperarles.

En línea con la crueldad con que opera el gobierno, la activista Vaca fue seguida y atemorizada por un policía que quería hacerse pasar por periodista y Juan Carlos Limpias, el director de Régimen Penitenciario, dijo que su actuar fue irresponsable porque no pidió información y que, en el fondo, busca protagonismo. Así es, a los gobiernos del MAS les incomodan los defensores de los derechos humanos, como se evidencia de lo ocurrido con Amparo Carvajal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Es hora de que la ciudadanía ponga un alto a esta gravísima vulneración de derechos que sufre César Apaza. Los abogados de la Defensoría del Pueblo encargados del caso, Pastoral Penitenciaria, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura (ITE), deben actuar ya, para evitar la muerte de César Apaza.

No necesitamos lamentos post mortem, ni misas en recuerdo del alma de nadie, tampoco informes póstumos. ¡Necesitamos a César Apaza libre ya!