El debate como ritual de la verdad

Claro que entre el decir y el hacer hay un tiempo transcurrido. Lo primero siempre suele ser teórico y casi repetitivo. Lo segundo es profundamente pragmático, por eso mismo es una prueba elocuente de las convicciones y de una aproximación a la verdad.

El tiempo histórico es más que una sucesión de fechas: es la forma en que entendemos la evolución de la sociedad y cómo ciertos eventos, procesos y estructuras determinan el cambio. Según la perspectiva que adoptemos, podemos verlo como un avance progresivo, un ciclo repetitivo o una serie de rupturas y discontinuidades.

En Bolivia, la política discursiva se ha convertido en un balbuceo, en un aullido nocturno; mediocre y decrépito. Desde hace 19 años, el discurso político ha sido reemplazado por la descalificación, la cancelación, el insulto y la agresión verbal, con escupitajos incluidos.

Los discursos no sólo reflejan la política, sino que la constituyen. Esto implica que la producción de su significado, está reflejado en la definición de democracia, libertad, justicia, equidad y ética.

El control del lenguaje político constituye, esencialmente, cierto poder. Quien domina el discurso influye en cómo se entienden los problemas sociales. No un discurso demagógico, sino pleno, coherente, profundamente real y, sobre todo, democratizador.

La política discursiva muestra que el poder no sólo se ejerce mediante la fuerza o la economía, sino también a través del lenguaje y la palabra. Controlar el discurso es controlar la política, y cambiar un discurso dominante por uno aglutinador y corresponsable es una forma de transformación social.

El manual del perfecto político idiota y subdesarrollado boliviano manda a decir que el discurso debe ser agresivo e insultante. Atacar al contrincante mentándole la madre. Vaciándole la caja fuerte de su intimidad, da buenos resultados. Hay que destrozarlo a través de una campaña sucia. Desempolvar su infancia, su juventud y hasta su posible muerte, es lo más cercano a una “gran estrategia” diseñada para vencer.

Desde hace 19 años, la dialéctica como práctica metodológica de los debates ha sido reemplazada por la autocracia y la imposición. El cocalero Evo Morales fue el que impuso la idea de que los debates sobraban. Según él, “había que debatir con el pueblo y no con el opositor”.

Con el tiempo, esta impostura de no querer poner sobre la mesa ideas, propuestas y diferencias programáticas se ha convertido, para gran parte de la población, en un fundamento para pasarse por el arco del triunfo temas fundamentales, como alternancia, libertad, democracia, justicia, equidad y transparencia. Y así mismo fue.

Desde hace 19 años estamos entrampados en un círculo politiquero que devalúa la palabra y la política como un vehículo que no sólo ocupa métodos, sino que es un campo complejo de acción, relaciones de poder y toma de decisiones que busca organizar la sociedad y gestionar conflictos.

Desde Michel Foucault, un debate político no es simplemente un intercambio de ideas o argumentos racionales entre candidatos, sino un espacio de lucha por el poder, donde los discursos no sólo informan, sino que también producen y reproducen relaciones de poder.

En consecuencia, es un “dispositivo” dentro de una red más amplia de poder y saber. No se trata sólo de quién tiene las mejores ideas, sino de quién puede imponer su discurso como verdad o acercamiento a la verdad.

En este sentido, el debate no es un espacio neutral, sino un escenario donde ciertos discursos tienen más legitimidad que otros.

El pensamiento foucaultiano sostiene que la “verdad” no es algo absoluto, sino una construcción dentro de un régimen discursivo.

En un debate político, cada candidato intenta posicionar su narrativa como la más legítima, utilizando estrategias retóricas, datos “objetivos” y apelaciones emocionales para disciplinar el pensamiento del electorado.

Para Foucault, el debate político es un ritual donde se legitima el poder. No necesariamente gana quien tiene la mejor propuesta, sino quien logra imponer su narrativa como “razonable” o “aceptable” dentro del marco de lo políticamente posible.

Esto significa que el debate delimita qué ideas son viables y cuáles quedan fuera del discurso dominante.

Así pues, el manual de la perfecta discusión política, manda a decir que los debates presidenciales no son sólo ejercicios democráticos de libre expresión, sino mecanismos de poder que configuran qué discursos se consideran legítimos y qué formas de gobernar se presentan como posibles. Es crucial analizar quién habla, cómo habla y qué discursos quedan excluidos. La política no sólo se juega en el campo de los votos, sino en el control de la verdad y la producción de subjetividades.

Los debates redimensionan el escenario coyuntural. Son una herramienta clave para preservar la democracia y hacer que la sociedad establezca un escenario crítico en su entorno y de una manera amplia, su visión de país y de la labor transparente u oscura de sus futuros gobernantes.

Desde hace 19 años esa dialéctica se ha convertido en una meta por alcanzar. Ha sido reducida a nada, ha hecho de gran parte de la población, lo que Ortega y Gasset llama, “el hombre masa”. Amorfo, sin ideas y sin un sentido crítico, conformista y fácil de manipular por un poder dominante reflejado en un autócrata, ególatra y antidemocrático como Evo Morales.

¿Debe ser obligatorio debatir entre candidatos a la presidencia en Bolivia?

Hasta la pregunta ofende. Este país está en un punto de inflexión, de un antes y un después. Los debates no sólo deben ser obligatorios enmarcados en lo jurídico medianamente coercitivo. (Vaya paradoja, fíjense que ahora había sido necesario aprobar una ley que obligue a los candidatos a debatir, con multa y todo sino les apetece hacerlo). Los debates deben formar parte de un marco ético y moral que se tiene que recuperar y, a través de él, fomentar el pluralismo, el respeto a las ideas y las diferencias.

Los candidatos no son “vacas sagradas”. Tienen la obligación moral y política de responder a las necesidades más urgentes de cambio y transformación de esta Bolivia que vive un desangramiento lento en lo social, político y económico.

Son empleados del pueblo, deben argumentar con ideas, programas y responsabilidad por qué derroteros llevarán los destinos del país.

Winston Churchill afirmaba con sorna y seriedad: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”. Es una labor de ida y de vuelta. En Bolivia, desde hace 19 años, la dinámica de la discusión y debate políticos civilizados ha retornado hasta los oscuros pasajes del subdesarrollo.

Incluso entre la sociedad civil, la cultura del diálogo y de la reflexión políticos ha sido menoscabada por el insulto, la agresión y el irrespeto por las diferencias.

El último debate presidencial en el país fue en 2020, pero, al mismo tiempo, ese 2020 recordó también que después de 18 años los candidatos en Bolivia no se habían reunido en torno a un debate con miras a las elecciones presidenciales, con el MAS incluido.

Los debates presidenciales deben ser una exigencia de la sociedad, una reivindicación de la palabra, el comportamiento, la tolerancia y espíritu democrático del aspirante, expuestos al escrutinio de la población.

Entre decir y hacer, median cinco años de diferencia. Morales cercenó las virtudes que brindan los debates. Secuestró el criticismo y el libre albedrío. Hay pues, actualmente, una gran masa de gente que todavía sufre el síndrome de Estocolmo. 19 años bajo el mismo discurso mediocre e inconsistente. 19 años haciendo creer que “se tiene que debatir con el pueblo”. 19 años de impostura y de manipulación con el propósito de monopolizar la libertad de decisión, bajo un régimen autocrático, monolítico y manipulador.

Los debates abren las puertas de la realidad estructural de un gobierno. Los debates crean una cultura del respeto a las diferencias y a la pluralidad.

En última instancia, los debates bien estructurados no sólo informan, sino que empoderan a los votantes para que participen activamente en la vida política del país y tomen una decisión real enmarcada en la conciencia y la madurez democrática.

El autor es comunicador social