Participación y socialización no son trámites, es gobernabilidad

En Bolivia, muchos conflictos sociales no nacen necesariamente del contenido de una norma, sino de la forma en que ésta se presenta a la ciudadanía. Cuando una decisión pública se comunica tarde, mal o simplemente no se comunica, el vacío se llena de sospecha. El rumor sustituye al dato, el mito reemplaza al argumento técnico y la incertidumbre se convierte en protesta.

No es casualidad que varios episodios de tensión política que hemos vivido últimamente, tengan un mismo origen, la ausencia de socialización y de canales reales de participación en la etapa de formulación de las decisiones.

A las autoridades, con frecuencia les cuesta abrir estos espacios por algunas situaciones como, por ejemplo, tiempos políticos cortos, temor al debate público, exceso de confianza en el criterio técnico y una cultura administrativa todavía vertical.

Sin embargo, gobernar en el siglo XXI no es emitir disposiciones desde un escritorio, es construir legitimidad antes, durante y después de cada decisión. La ciudadanía ya no acepta ser un sujeto pasivo que solo se entera cuando la norma está publicada, exige comprender el porqué, el para qué y el a quién beneficia. De lo contrario, las decisiones corren el riesgo de ser revertidas, como paso con DS 5503, que terminó en un conflicto que debilitó la autoridad normativa del Ejecutivo.

Esto sucede porque el desconocimiento genera incertidumbre, y la incertidumbre es terreno fértil para la desinformación, eso ocurre cuando una medida se lanza sin diálogo previo con sectores involucrados.

Lo que podría haberse resuelto con mesas técnicas y pedagogía pública, termina escalando a conflicto, la falta de explicación no solo desgasta la confianza institucional, sino que también afecta a la gestión. En la era de la digitalización y comunicación, lo que no se comunica bien se paga luego en crisis, retrocesos normativos y desgaste político.

La clave de una gestión pública moderna reside en su capacidad de abrir canales permanentes de comunicación entre Estado y ciudadanía. No se trata de consultar por cumplir, sino de informar con claridad, escuchar con honestidad y ajustar cuando sea necesario.

Las autoridades deben comprender que socializar no debilita la autoridad, la fortalece, porque transforma decisiones unilaterales en acuerdos sociales populares.

Por ello, hoy se insiste que la comunicación participación y transparencia son pilares de la gobernanza y de una gobernabilidad responsable, cabe señalar, que transparencia no es solo publicar documentos, es hacer entendible la acción estatal, es prevenir antes que apagar incendios.

Una administración que dialoga no pierde tiempo, gana legitimidad, una autoridad que explica no se debilita, se protege, y un Estado que escucha, no se fragmenta, se cohesiona.

En tiempos, de polarización política y desconfianza, abrir la puerta a la participación ciudadana ya no es un gesto opcional, es una condición indispensable para gobernar con estabilidad y sentido público.

Y esta es una buena recomendación si es que el Gobierno no quiere de nuevo volver a retroceder en una decisión, con el desgaste que eso significa para la gobernabilidad democrática de este hermoso y bello país.

El autor es analista de políticas pública