Médicos de Cochabamba marchan e insisten en reunión con Evo Morales
Decenas de médicos salieron la tarde de hoy a las calles de la ciudad de Cochabamba para ratificar sus medidas de presión y pedir nuevamente una reunión con el presidente, Evo Morales.
“Esta medida es para sensibilizar la Gobierno, basta señor presidente de tanta soberbia (…). Nosotros estamos presentes en las calles para manifestar nuestra protesta. Estamos en una marcha pacífica. La población exige una solución inmediata (…). No puede ser que con las malas condiciones se nos persiga y hostigue”, señaló el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.
El Colegio Médico determinó continuar con las medidas de presión, pese a que la Iglesia Católica pidió a esta organización una declaratoria de cuarto intermedio en las protestas que persisten desde el pasado 23 de noviembre.
En este contexto, el ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que el conflicto médico "ha rebasado los límites de la tolerancia y es inadmisible" que los intereses políticos que se han radicalizado discursivamente, pongan en riesgo la vida de varios enfermos del país.
Los médicos rechazan el artículo 205 del proyecto del Código del Sistema Penal, referido a la mala práctica profesional y el Decreto Supremo 3385, que crea una autoridad de fiscalización a la salud.
La Autoridad de Fiscalización establece un control pleno del Gobierno a todos los sistemas de seguridad social de corto plazo, además de los subsectores públicos y privados del país.
Los galenos aseguran que esta norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) ya que existirían mecanismos de regulación a nivel municipal y departamental, por lo que ven innecesaria la implementación del Decreto Supremo 3385.
El artículo 205 del Código de Sistema Penal, que le permite al Gobierno legislar la mala práctica profesional, es rechazado por el sector ya que se establecen sanciones fuertes cuando un paciente es afectado en su salud.
La norma determina que la mala práctica profesional será sancionada con cárcel por más de seis años, inhabilitación del profesional por diez años, resarcimiento de daños y el embargo de bienes.
