Ley aprobada por el MAS pone en riesgo el voto en el exterior

La Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, aprobada por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), atenta contra el derecho constitucional de los bolivianos que residen en el exterior, porque pone en riesgo su derecho al sufragio, aseguran expertos.

Constitucionalistas y especialistas en comicios electorales consideran que la determinación de la Asamblea Legislativa (ALP), dominada por los dos tercios del MAS, de modificar el periodo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) limitará la votación en el exterior.

“Si las elecciones fueran el 2 de agosto, hay que tomar en cuenta el aspecto de que en cuántos países los bolivianos no van a poder ejercer su derecho democrático y constitucional”, dijo el abogado y analista político Paul Antonio Coca.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, el MAS, a través de esta norma, genera incertidumbre, además de atribuirse competencias que son del TSE, porque no se sabe si podrán desplazarse los bolivianos en el exterior.

“Se ponen en peligro derechos fundamentales, los derechos políticos de ciudadanía, es decir, la participación y en eso hay una violación constitucional flagrante porque el derecho al sufragio (...) no puede ser suspendido bajo ningún concepto”, refirió.

Legislación
Marcelo Silva, politólogo y experto electoral, sostiene que, en este periodo particular de pandemia por coronavirus, se tiene que prestar atención a lo que dice la normativa de cada nación.

“Habrá que ver qué dice cada país donde hay bolivianos, qué es lo que dicen sus autoridades (...) no sé si algunos países para julio o agosto estarán con la permisibilidad de actos que reúnan a mucha cantidad de personas”, sostuvo.

Explicó que la logística que determine el TSE para las elecciones y el voto en el extranjero no pueden estar por encima de las normas que rigen cada país de manera soberana. Los especialistas en materia electoral, indistintamente, coinciden en que la ley que promovió el MAS, al imponer un plazo de 90 días, atenta en diversos aspectos a los ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero.

Para Coca, la normativa aprobada determinaría que no haya actualización de padrón de votantes en el extranjero.

Santistevan sostiene que la Asamblea no puede poner un rango de tiempo menor a lo establecido por el TSE debido a que no se garantiza el sufragio en el exterior e incluso al interior de Bolivia.

Voto decisivo

Para Silva, los países donde votan bolivianos son soberanos y considera que, en razón de resguardar la salud, que está por encima de todo principio constitucional, “incluso por encima de toda normativa en el orden internacional, no se puede anteponer un proceso electoral al derecho a la vida y la salud”.

Los estudiosos consideran que la votación en el exterior que es de 3 a 4 por ciento de los votos válidos puede definir un proceso electoral.

“El voto en el exterior puede definir un ganador o si hay o no una segunda vuelta”, explican.

El voto en el extranjero no puede estar por encima de las normas que rigen cada país de manera soberana.

MAS DICE QUE CUMPLE CON LA CONSTITUCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que no buscan apresurar las elecciones y que la aprobación de la norma se enmarca dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).

“La aprobación de la ley obedece al estricto cumplimiento de la Constitución, que señala que un gobierno transitorio no debe estar más de 90 días”, señala el senador Efraín Chambi (MAS).

Pero esta afirmación es cuestionada por otros legisladores opositores al MAS al indicar que lo único que le interesa al partido azul es llevar adelante las elecciones a toda costa.

“El MAS antepone la política a la salud. Este partido nuevamente demuestra que no le interesa la salud de los bolivianos. En 14 años con una bonanza excepcional, no implementó un buen sistema; ahora busca generar violencia para desvirtuar la gestión de la presidenta Jeanine Áñez”, señala el diputado Gonzalo Barrientos (UD).

Actualmente, la norma cuestionada ha sido demandada por inconstitucional.