Analistas ven que plan de reforma judicial no ataca temas estructurales

Tras la presentación del plan de reforma judicial del Ministerio de Justicia, que aborda seis ejes relacionados con la distribución equitativa de jueces, el acceso y la independencia del Órgano Judicial, la digitalización y el ajuste de varias normas, analistas y constitucionalistas consideran que si bien estos temas son muy pertinentes y hasta obvios, el proyecto no ataca la raíz del problema que parte de una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) o, al menos por la urgencia, una solicitud de renuncia de las actuales autoridades. Y una propuesta sólida para dotar de más recursos económicos a la administración judicial.

El Ministerio de Justicia empezará desde hoy a difundir los seis ejes de su plan de reforma judicial en los nueve departamentos y empezará por Oruro. El objetivo es recibir sugerencias y recomendaciones de todos los sectores sociales en cada región.

El abogado constitucionalista César Cabrera alertó que  los cambios profundos y estructurales en el Órgano Judicial son urgentes. Lo otro es simplemente echar una cortina de humo para mantener el estado de cosas y justificar el manejo arbitrario que está haciendo el Gobierno en los juicios contra los opositores.

Para Cabrera, una verdadera reforma a la justicia pasa por una revisión de la Constitución. “Porque la elección de magistrados por voto directo no ha sido la solución a los problemas de independencia y falta de imparcialidad”.

El analista Carlos Alberto Goitia también asegura que el camino de la elección directa de jueces, como prevé la CPE, no funciona. Dijo que “en lugar de gastar  plata en una tercera elección que no funciona, vale la pena invertir estos recursos en una reforma estructural, en un referéndum que fruto de la participación ciudadana permita adecuar la Constitución a lo que realmente necesitamos los bolivianos, que es un sistema de justicia, transparente, imparcial y que funcione”.

Tomando en cuenta que cambiar la CPE toma tiempo, Cabrera propone que por el momento y con miras a las nuevas elecciones judiciales de 2023, se debería modificar el reglamento de la preselección que se elabora en la Asamblea Legislativa, eliminando la etapa de la entrevista.

“Esa es la mejor trampa para favorecer a la gente del partido, y si se elimina eso se privilegia la meritocracia y la comprobación material de las verdaderas capacidades que pueda tener el postulante”, dijo Cabrera.

Fracaso de cumbres

Sobre el plan de llevar la reforma judicial a debates públicos, como propone el Ministerio de Justicia, Cabrera recordó que ese sistema de “cumbres” ya fracasó en anteriores gestiones del MAS.

“Está bien que se socialice, pero también es importante conocer la opinión de expertos y abogados que sí existen en el país y que puedan aportar a mejorar la situación crítica de la justicia”, aseguró .

Goitia sostiene que es indispensable la participación activa de otros actores en la reforma judicial como los medios de comunicación, la Iglesia católica y otras iglesias que hay en Bolivia.

El analista también sugiere la participación de entidades internacionales como la OEA, para darle credibilidad y transparencia, la CIDH y Organizaciones no Gubernamentales que están involucradas en el respeto y la protección de derechos humanos.

Según Cabrera, se debe atacar en el tema estructural la provisión necesaria de recursos económicos para el Órganos Judicial. “Sin el dinero suficiente que tiene que asignar el Tesoro General de la Nación, todas estas buenas intenciones que se tienen van a quedar en nada nuevamente”, dijo.

Gobierno propone seis ejes para lograr cambios

Los  seis ejes de la propuesta de reforma judicial que plantea el Gobierno  son: 

1.- Balanceo del conflicto. Consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo con la cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a la calidad del servicio judicial. 

2.- Acceso a la justicia. Se quiere promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones.

3.- Independencia judicial.  Se busca consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos y  transparentes.

4.- Soluciones tic. El plan estratégico del gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.

5.- Desarrollo normativo

En este eje se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia.

6.- Transparencia. Se busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información.

Lima no pedirá renuncia a jueces

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la transformación judicial no pasa por pedir renuncias y cambios de fiscales y magistrados que están en altos niveles o mandos del Órgano Judicial.

“La transformación de la justicia necesita una construcción en unidad. La reforma de la justicia no pasa por obligar a renunciar o por pedir que existan cambios en el alto nivel o máximo nivel de la justicia. Les planteamos un desafío que es nacional y para todos los bolivianos y no podemos permitir que sea expropiado, vamos a transformar la justicia junto al pueblo de Bolivia”, afirmó Lima.

Insisten que la renuncia de jueces es necesaria

En respuesta al plan de reforma judicial que anunció ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, el académico y abogado constitucionalista César Cabera aseguró que si se quiere hacer reformas no se debe hacerlas en las ramas, sino en el tronco.

“Para ello estos señores (los legisladores del MAS) que han colocado a través de dedazo a las altas magistraturas, lo menos que pueden hacer es pedirles que renuncien. Sin bien la renuncia es un acto voluntario no se les puede obligar, pero si hay la voluntad política para emprender una reforma judicial se lo puede hacer”.

Para el analista Carlos Alberto  Goitia, es muy difícil asimilar la idea de que quienes se meten y someten a los jueces para obtener fallos a favor de un gobierno o de un partido político terminen hoy queriendo llevar a cabo una reforma. Por otra parte, “tenemos a un órgano judicial que frente a esa exigencia de reforma que tiene el pueblo hasta este momento no han dado mayores señales positivas”, dijo.

“Y claro, se sienten cómodos sometidos a ese poder político en tanto les dejen hacer aquello que quieran en otro tipo de tareas, por eso este proceso de reforma de justicia debe estar acompañado por otros actores políticos”, afirmó Goitia.

Cabrera pide que en la reforma judicial que plantea el Gobierno participen quienes tienen que ver con la justicia, es decir, abogados, colegiaturas de abogados, facultades de derecho de la universidades públicas y privadas. “Ellos deberían dar las propuestas iniciales y sobre eso recién socializar y no esperar que otras personas que no conocen sean los primeros en avalar o dar soluciones y por aclamación”.