Jubilados consideran que el SIP está en crisis y debe modificarse
Los rentistas jubilados y expertos consideran que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) del país está en crisis y debe modificarse para dejar su característica única de recaudador y adoptar una política que permita mejorar las pensiones de vejez.
Los jubilados llevan más de 17 días en huelga de hambre en Cochabamba para exigir se modifique la Ley de Pensiones 065. Además, en todo el país se han reportado manifestaciones que piden mejorar la renta de miles de jubilados que, en algunos casos, reciben un mínimo de 700 bolivianos y en el mejor de los casos 2.000 bolivianos, afirmaron.
A este panorama de reclamos se sumó recientemente la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que determinó que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como indemnización por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones.
A 13 años de la nacionalización del SIP y a ocho de la creación de la Gestora Pública, la institución aún no ha puesto en marcha el software que trasladará los recursos de los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El Gobierno asegura que tiene un 82 por ciento de avance en la instalación del sistema que tendrá información de todos los aportantes.
Mientras tanto, la Gestora tiene 248 funcionarios para los que se desembolsa alrededor de 2 millones de bolivianos al mes en salarios.
Para el sociólogo y exinvestigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Bruno Rojas, el funcionamiento de la Gestora no mejorará las rentas de los jubilados y aseguró que para ello se debe modificar la Ley de Pensiones.
Eduardo Padilla, huelguista, señaló que es lamentable lo que pasa con el SIP del país. Aseguró que son los jubilados los que pagan las consecuencias, percibiendo rentas mínimas que no llegan ni a un salario mínimo nacional, por lo que exigen se incremente el monto de sus pensiones y se modifique la Ley de Pensiones para que se aplique un aporte tripartito, en el que además de los trabajadores aporten los empresarios y el Estado, esto permitiría mejorar el monto de su jubilación.
“Una huelga de 17 días de los adultos mayores revela que el Gobierno se hace de oídos sordos, no quiere entender la realidad de los jubilados y a futuro la tendencia es que las rentas sean mucho más bajas todavía”, dijo Rojas.
El investigador indica que los salarios en el país son tan bajos que los trabajadores se jubilan con el 30 por ciento del monto de su salario mensual, por lo que un trabajador que ganaba 5.000 bolivianos, se jubila con 1.500 bolivianos, con el incremento de la pensión llega sólo a 2.000.
La actual ley de jubilación señala que el monto de la jubilación debería llegar al 70 por ciento, pero en realidad los trabajadores no reciben ese monto.
“Las rentas bajas obedecen a una visión bancaria financiera por encima de una visión social establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que todo trabajador tiene derecho a una jubilación digna, algo que no ocurre. Por estas razones, es que las pensiones van a ser bajas”, indicó Rojas.
Para el investigador, pagar a la BBVA una indemnización de 105 millones de dólares sería un golpe muy fuerte al dinero de los aportantes, además que aún falta ver cuánto se debe pagar a la AFP Futuro.
En un comunicado, el Ministerio de Economía informó que el dinero para la indemnización no saldrá de los aportes para la jubilación que realizan los trabajadores a las AFP. Pero tampoco aclaró de dónde saldrán los fondos.
Huelga
Los jubilados en huelga enviaron una carta al presidente Luis Arce para solicitar que se instale un diálogo en tiempo y materia sobre la modificación de la Ley de Pensiones y el incremento de sus rentas.
El sector pide un encuentro entre Central Obrera Boliviana (COB), representantes de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip) y autoridades nacionales.
“Como socialista que dice ser, demuestre por lo menos humanismo e instale de inmediato un diálogo por tiempo y materia”, señala el documento.
El sector pide una renta mínima de 2.250 bolivianos, nueva ley de pensiones con aporte tripartito (trabajadores, empresarios y Estado), administración laboral de los fondos de jubilación, entre otros.
Sin embargo tras 17 días de huelga de hambre, el Gobierno no se ha pronunciado y la medida tampoco recibe el apoyo de otras organizaciones laborales.
Los jubilados del SIP reciben anualmente un incremento automático en sus rentas, en función a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), a 12 meses. En esta gestión, el incremento es de 0,65 por ciento, un monto muy bajo, dijo Rojas.
