Ven que el Gobierno no resuelve ni deja resolver los problemas de la justicia

La justicia boliviana está sumergida en una profunda crisis. Según algunos juristas presenta al menos cinco problemas que el Gobierno no logra resolver, pero tampoco permite que otras iniciativas intenten dar solución, como el grupo de abogados independientes.

Los últimos meses, diferentes entidades internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el relator de la ONU, Diego García Sayán, cuestionaron la falta de independencia de la justicia, debido a la intromisión política que existe para la persecución de opositores. 

“La justicia está lejos de la gente. La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”, dijo García- Sayán, en febrero de 2022.

Para subsanar el lamentable estado de la justicia, el grupo de juristas independientes presentó, en julio, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una propuesta de “reforma judicial” que parte desde la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).

Este grupo de abogados independientes espera que TSE viabilice la entrega de libros para colectar firmas que permitan ir un referendo ciudadano en pro de la reforma judicial.

Problemas 

Los abogados Paul Antonio Coca y Jorge Valda, por separado, señalan que la justicia está sometida al poder, que existe injerencia política en algunos casos. Además, la excesiva burocracia, que cada día aumenta más, permite y genera la corrupción. Asimismo, la falta de meritocracia en la designación de algunos jueces. Estos factores ahondan más esta crisis y revelan la falta de independencia en la justicia.

“Una reforma judicial no tiene solamente que ser una reforma a la justicia como tal; tiene que ser una reforma también a la Policía boliviana porque es el órgano que investiga, dentro de una actuación en el ministerio público. También debe haber una reforma al Ministerio Público, porque es la parte que investiga para llegar a los hechos y una reforma al sistema penitenciario”, dijo Coca.

“Hablar una reforma judicial, sin tocar la policía boliviana, fiscalía y el sistema penitenciario, tampoco va a dar un buen resultado, porque, al final, las cárceles son urbanizaciones cerradas donde no hay la reeducación, reinserción de las personas”.

En tanto, Valda explicó que la reforma que pretende impulsar el Gobierno se hace de forma “tácita, improvisada e irresponsable”.

“La justicia necesita una refundación, un resurgimiento. Para que exista una justicia autentica, independiente e imparcial, tiene que hacerse necesariamente con otros Gobierno que respete la independencia de poderes, la separación de poderes y la independencia de justicia, en tanto eso no exista, hablar de una reforma de justicia será como hablar de un mito”, dijo Valda.

Justicia sometida al poder 

Para Valda, un ejemplo de que la justicia está sometida al poder se denota en los procesos contra los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quienes están siendo procesados por haber realizados destrozos a bienes del estado en Sucre, cuando pidieron la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa.

“Los jóvenes de la RJC están siendo investigados por el hecho de que han ejercido la protesta, fueron a Sucre y pidieron la renuncia de Lanchipa, y se los acusa de organización criminal, fabricación y tenencia de armas no convencionales, delitos que de ninguna manera podrían encajar, pero eso ha sido por orden del Ministerio de Gobierno que han llevado a una acusación de estas características”, dijo Valda.

Injerencia política 

El abogado Coca señala que un ejemplo de la injerencia política en la justicia es el hecho de que un grupo de magistrados del tribunal constitucional, que habilitaron a Evo Morales como candidato a la presidencia en 2019, pese a que los resultados de un referendo negaron esa posibilidad, ahora están desempeñando cargos públicos dentro del gobierno del MAS “a manera de retribución por lo que hicieron”.

Otros casos citados son el proceso que se le inició a Leopoldo Fernández, que fue involucrado en el caso de la Masacre de El Porvenir (Pando) en 2008, durante el primer gobierno de Evo Morales, y el caso de Jeanine Áñez, por “Golpe I y Golpe II”, entre otros.

En este problema, Coca identificó que la burocracia dentro del sistema judicial cada día aumenta más y fomenta la corrupción y retardación de justicia.

“Hay un promedio alrededor de 5 mil causas que atienden los fiscales, eso implica un nivel altísimo de burocracia. Seguimos nadando en papelería, esa burocracia que se traduce en corrupción y retardación de justicia”, dijo Coca. 

Meritocracia 

Valda señaló que los jueces son nombrados por el Concejo de la Magistratura, entidad fue denunciada por “haber vendido los cargos judiciales, para ser juez de instrucción se necesitaba 10 mil dólares, para ser juez de sentencia, 15 mil dólares, para ser vocal 20 mil dólares”.

“Entonces si uno compra su cargo, como planea recuperar el dinero invertido, lógicamente tiene que cobrar a los administrados, para devolver a su inversión lo que hubieran gastado. Son muy pocos los que ingresaron por méritos”, señaló.

Propuesta estancada

La propuesta de reforma judicial que presentó el grupo de juristas independientes ante el TSE el 28 de julio no avanzó, pese a que el plazo de respuesta es de 72 horas.

Uno de los juristas que promueve esta campaña, José Antonio Rivera, explicó: “Desde que hicimos oficial la entrega de esta propuesta de reforma parcial de la CPE como iniciativa ciudadana ante el TSE, lamentablemente el avance es muy despacio, sin cumplimiento de los plazos”.

“Conforme a ley, una vez presentada la propuesta con las respectivas preguntas del referendo, el TSE en el plazo de 72 horas debió pronunciarse sobre las preguntas, de manera que, si las mismas fueran imprecisas, remita al servicio de fortalecimiento intercultural democrático para que se corrija las preguntas”, añadió Rivera.

Elecciones sin reforma 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) planifica la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional para la gestión 2023, como establece la Constitución, cada seis años. En tanto, la propuesta para reformar la CPE como parte del inicio para la reforma judicial queda estancada, tras 20 días de haberse presentado la documentación al TSE. “Si es que se obstaculiza nuestro trámite y se privilegia las elecciones judiciales no vamos a bajar las manos, vamos a continuar en esta ruta de transformar la justicia. Obviamente que las autoridades electas por voto popular van a estar en dificultades porque tener un plazo de mandato, pero (con el referendo) el voto va a tomar la decisión de transformar aquello, eso podría generar dificultades”, explicó Rivera.