Abogado observa acuerdo por la masacre de octubre de 2003 y afirma que hay al menos 80 víctimas
Después de conocer el acuerdo de conciliación y compensación con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el abogado de las víctimas de aquellos luctuosos, Freddy Ávalos, afirmó que existen cerca de 80 las víctimas de aquellos hechos luctuosos quienes aguardan que el exmandatario pueda ser extraditado al país.
En la "declaración conjunta" difundida por el yerno de exjefe de Estado, Mauricio Balcázar, solo los familiares de ocho fallecidos en la masacre de octubre de 2003 serán los que se beneficien con el pago de un resarcimiento y cuyo monto no puede ser revelado por decisión de ambas partes.
"No van a beneficiar al total de las víctimas, por si acaso, se está manejando, se está malinterpretando, está dando a conocer como si el conjunto de las víctimas cobrarían este pago económico y no es así", aclaró el jurista en conferencia de prensa.
Según Ávalos, el 2003 perdieron la vida cerca 80 personas y más de 450 heridos, muchos de ellos, quedaron con lesiones gravísimas graves y leves en los diferentes momentos de aquellos hechos luctuosos.
"Hemos solicitado la extradición (del expresidente y del exministro Carlos Sánchez Berzain) y lo cual se exige que eso se cumpla, espero que dentro de ese acuerdo conciliatorio, al cual se ha llegado, no se haya contemplado estos aspectos y nos pueda favorecer para extraditarlos", añadió.
Cuestionó que hasta el momento no exista información del canciller Rogelio Mayta, sobre el estado en el que se encuentra el trámite en los Estados Unidos en el marco del juicio de responsabilidades donde se encuentran incluidos jefes militares.
El canciller y abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró que el acuerdo al que llegaron Sánchez de Lozada con los familiares de las víctimas ratifica la culpabilidad del exmandatario en la denominada "Masacre de Octubre".
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se refugiaron en el país del norte tras abandonar Bolivia el 17 de octubre de 2003. El expresidente dimitió ante el fracaso de contener una revuelta social que rechazaba la intención de exportar gas por un puerto chileno.
