Asambleístas impulsan auditoría de Misicuni
A poco de que concluya la construcción de la represa de Misicuni, un grupo de asambleístas y exasambleístas coinciden en que la Contraloría General del Estado debe realizar una auditoría a la Empresa Misicuni una vez que la obra termine.
El exasambleísta Henry Paredes explicó que la Contraloría debe realizar una auditoría integral al Proyecto Misicuni y de la empresa supervisora Engevix. “Es lamentable que nunca se hayan hecho estas dos auditorías importantes”, dijo.
Paredes aclaró que se debe auditar a Engevix porque es benevolente con las empresas que construyen la presa y al Proyecto Misicuni para saber cómo se han manejado los recursos.
“En lo que compete a la empresa supervisora, queremos saber si han llegado profesionales especializados, porque han autorizado ampliaciones de plazo y nuevos ítems. También se debe auditar toda la gestión de Misicuni para saber cuánta plata se ha gastado, cómo se ha manejado el proyecto”. Paredes explicó que sólo las auditorías podrán reflejar lo que realmente ha pasado.
El presidente de La Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme), Gonzalo Maldonado, explicó que se debe realizar una auditoría económica y técnica de la obra.
Aclaró que se debe conocer cómo se han manejado los recursos asignados a Misicuni y cómo se ha construido la obra. “Hay una relación en la parte técnica y económica. Hay que ver el proceso constructivo para verificar que esa obra no falle debido a que se han hecho varias observaciones a su construcción”, indicó Maldonado.
El asambleísta Mario Orellana explicó que la misma Contraloría se comprometió a realizar una autoría cuando se concluya la represa. “Una auditoría integral es necesaria, se puede solicitar, pero la presa recién será concluida a fines del 2017, porque muchas obras complementarias recién se van a licitar y mientras tanto no se puede realizar la auditoría”, indicó Orellana.
En 2014, la Contraloría realizó una auditoría al Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), después de que la Empresa Misicuni resolvió contrato con la Empresa Misicuni. La Contraloría determinó que el CHM causó un daño de 23 millones de dólares al Estado por varios delitos.
