Dura crítica al MAS por exculpar a Evo
La Paz | Los Tiempos
La comisión mixta de la Asamblea Legislativa no encontró ningún indicio de tráfico de influencias en la contratación de obras del Estado con la empresa china Camce y sólo identificó algunas irregularidades en el caso de la construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero que apuntan a exautoridades de Obras Públicas, sostienen asambleístas oficialistas. Entretanto, los opositores indican que sí hay indicios de uso indebido de influencias en los seis casos.
Tras la difusión de las conclusiones del informe, que también libera de responsabilidad al presidente Evo Morales y a su exnovia Gabriela Zapata, la oposición cuestionó el hecho de que no se haya convocado a declarar al Mandatario, al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y tampoco a los ejecutivos de la empresa Camce.
Para la oposición, desde su origen el objetivo de la comisión fue “limpiar” la imagen de Morales y sacar de la agenda pública el caso.
Ayer por la madrugada, los legisladores del MAS, con mayoría en la comisión investigadora, aprobaron el informe final refrendado con una resolución en la que se aseverqa que las suscripción de los contratos entre el Ejecutivo y la empresa oriental (Camce) no se firmaron ni gestionaron en las instalaciones de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social y que los procesos fueron desarrollados a través de convocatorias públicas, liberando de esta manera al presidente Evo Morales y a su exnovia Gabriela Zapata.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aseguró que el informe no absuelve absolutamente a nadie porque la comisión no es una instancia jurisdiccional, pero que sí aclara que no existe indicios por los cuales se pueda acreditar la participación del Presidente o de cualquier otro ministro de los contratos entre Camce y el Estado boliviano.
“Se ha podido evidenciar de que efectivamente en uno de los proyectos Bulo Bulo–Montero sí existe responsabilidad que deberá determinar la Contraloría General. Hemos determinado individualmente quienes son los probables responsables: el exministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, el exviceministro responsable de la licitación y la comisión de calificación”, sostuvo.
Explicó que una vez que se apruebe el informe en el pleno de la Asamblea Legislativa éste se enviará a la Contraloría para que determine el tipo de responsabilidad en contra de las personas identificadas que puede ser civil, ejecutiva, administrativa o penal.
Caso sin aclarar
El senador Óscar Ortiz (UD) cuestionó la rapidez con que se aprobó el informe para dar por finalizada la investigación sin cumplir con el cronograma establecido y sin convocar a autoridades y representantes de la empresa china Camce.
“Es una actitud que ya de por sí demuestra que se sienten con la suficiente fortaleza en este caso para demostrar la inocencia de los afectados tanto del Presidente, del Ministro de la Presidencia, Gabriela Zapata y otras autoridades del Gobierno. Por tanto, quieren sacar de la opinión pública la investigación sobre el caso Camce”, afirmó.
El senador indicó que la oposición también planteó su informe por minoría, aunque no sea considerado por el pleno, pero que lo importante es que la población conozca la verdad histórica de los hechos, porque se han identificado suficientes indicios de uso indebido de influencias para que se continúe con la investigación en el Ministerio Público.
La oposición identificó uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a la leyes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado’ en el proceso de compra de tres perforadoras realizado por YPFB. En el caso de San Buenaventura y la construcción de la Planta de Sales de Potasio sostiene que establecieron los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
SIN PRUEBAS
Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Susana Rivero (MAS), aseguró que el proceso de investigación ha permitido sacar conclusiones claras sobre que “no existe prueba alguna que demuestre tráfico de influencias y que no existe vinculación entre la señora Zapata y estos contratos’.
“En el último intento chicanero de la oposición nos ha traído un informe mañoso y tergiversado, impreciso y además no presentaron prueba alguna para respaldar su posición de uso indebido de influencias”, aseveró.
DENUNCIAN DATOS FALSOS
La diputada Norma Piérola (PDC) señaló que en el informe oficialista se hace aparecer 37 entrevistas, entre ellas de varios ciudadanos chinos sin que estos se presentaran ante el pleno de la comisión investigadora, pese al pedido de los opositores.
“Nunca se nos ha permitido convocar a nadie de la empresa Camce y ahora aparecen como si se les hubiese entrevistado. El informe tiene un sinnúmero de errores y lo que aquí falta es una auditoría forense y técnica a todos los contratos. No somos expertos, nos dijeron que iban a contratar a expertos, pero solamente se vio a sus secretarios técnicos y sus AGP (personal de apoyo a la gestión parlamentaria)”, señaló.
El senador Víctor Hugo Zamora dijo que el informe preliminar de la oposición incorporará elementos adicionales a su versión final y que se constituirá en un texto histórico de consulta y de investigación que permita a la población y a las instituciones, principalmente mandadas por la CPE, continuar con el proceso de investigación. “Encontramos indicios, las pruebas las deben encontrar los fiscales”, dijo el diputado.
