La franqueza del poder

Todas las veces que nos repiten que el actual Gobierno es el que más obras realiza, debe recordarse que también bate todos los récords en defectos e irregularidades cometidos en la convocatoria, adjudicación y ejecución de contratos. La regla se complementa con que mientras mayor el monto de la obra, más grandes las posibilidades de defectos e indicios de corrupción.

El funcionamiento de esta lógica, que necesariamente incluye el haber convertido la invitación y adjudicación directa en el mecanismo preferido de contrato, tiene en la base la actitud y justificación presidencial de que las cosas se hacen “quieran o no quieran”, y que las contradicciones con la ley se arreglan haciendo que sus abogados cambien las leyes posfacto, o se monten cacerías de los que cuestionan tales procedimientos o, mejor aún, se hagan las dos cosas.

El comportamiento del actual Ministro de Energía es uno de los más congruentes con esta tradición, como se comprueba al rescatar sus declaraciones sobre el proyecto Chepete/Bala, que costará (el del Chepete), inicialmente, más de 7.000 millones de dólares, o sea, el más caro de nuestra historia. Al respecto, el ministro Alarcón expresó enfáticamente “vamos a realizar el proyecto independientemente de los resultados del informe del Estudio técnico y preinversión” (Fuente: agencia ANF).

En otros términos, los cerca de 100 millones de bolivianos que suman las dos consultorías con Geodata viene a ser dinero que se va a la alcantarilla (¿?) porque, de cualquier manera, el proyecto se realizará, no importa si el segundo estudio que está en desarrollo reporte costos mayores o daños ambientales y sociales más grandes, o mantenga silencio sobre el mercado brasileño, que es el único para ese proyecto, o cualquier otro problema.

¡Igual se realizará! Nos endeudaremos y gastaremos más de 50.000 millones de bolivianos porque así está decidido. Punto.

Anuncios tan frontales se acompañan de un retorcimiento, hermetismo y silencio en otros aspectos, como se prueba con el ocultamiento total del primer estudio de Geodata y la campaña de amedrentamiento que se desarrolla contra las comunidades indígenas que se afectarán, o contra los ex embajadores gubernamentales ante la ONU, Pablo Solón y Rafael Archondo, igual que con toda ONG o persona que se refiera críticamente a estas anormalidades.

Exactamente de la misma manera que en la carretera del Tipnis, cuyo avance se ha intensificado en el puente Isiboro y, legislativamente, con el proyecto de ley (sin consulta previa) para levantar la intangibilidad del territorio indígena.

La franqueza del poder cuando anuncia su decisión de imponerse y la suma de hipocresías en las que incurre para poder hacerlo, tienen como resultado, en el espacio económico, una suma de pérdidas en estudios innecesarios, ya que cuando se adjudican los contratos se vuelven a realizar los estudios, esta vez “de verdad”.

El hoy Ministro de Energías cumple plenamente tal rutina desde 2008, cuando presidía ENDE y se realizaron los estudios de Cachuela Esperanza, proyecto para vender electricidad a Brasil, país que ha desahuciado que tenga interés en adquirir esa energía, dando por resultado la paralización del proyecto.

De allí en adelante, gran parte de los contratos de consultoría y de construcción de hidroeléctricas están plagados de irregularidades. Rositas, por ejemplo, con un contrato de construcción llave en mano por 1.000 millones de dólares, adjudicado sin que estén concluidos los estudios de factibilidad/diseño, ni el EIA (estudio de impacto ambiental) y mucho menos las consultas públicas o los casos de Miguillas o de San José, este último con un enorme retraso.

La totalidad de los estudios, contratos defectuosos y obras pobremente ejecutadas son una pequeña fracción del conjunto de recursos programados para las megarrepresas, que suman 27.000 millones de dólares, prácticamente todo el PIB de un año y que ciertamente se duplicará o más, entre nuevos estudios, ampliaciones de los proyectos y las fallas que caracterizan a estas obras. Porque cuando se trata del gasto de grandes recursos no existe franqueza o transparencia alguna de los dueños del poder.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo