Fiscalía no halla pruebas y el chofer denuncia extorsión de la Policía
El vehículo implicado en una persecución y balacera ocurrido el pasado lunes 20 de mayo no presenta señales de haber atropellado a funcionarios policiales o que el conductor haya hecho uso de un arma de fuego o que éste tenga antecedentes.
Así lo establece el informe elaborado por la fiscal de flagrancia, Cinthia Prado, sobre este caso. “Preocupa mucho la actuación que tuvo la Policía y será investigada”, refirió.
La representante del Ministerio Público dijo que se debe investigar para delinear claramente cuál debe ser la actuación policial en pro de la seguridad de la ciudadanía.
El vehículo cuestionado pertenece a la empresa de radiotaxi BK DOS y el dueño de ésta, Grover Méndez, pidió garantías para su afiliado. “No tiene dinero para un abogado. Por eso, estamos caminando así. En audiencia le dieron medidas sustitutivas porque el juez no halló elementos para su detención”, explicó.
Entre tanto, Julio Cesar A., acusado por la Policía como antisocial, denunció haber sido víctima de extorsión y cobros irregulares por algunos policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Tránsito de la EPI Norte y otras unidades que no logró identificar.
“El vehículo que manejo es chuto, lo admito. La primera vez que me atrapó un policía de Diprove me pidió 5 mil bolivianos. Dijo que nadie más me molestaría”, contó.
Esta irregularidad se repitió 10 veces más, aseguró el chofer. “Uno de ellos me pidió 200 dólares. Otros menos de mil bolivianos no me sacaban. Me daban de dos a tres días de plazo para conseguir el monto que me pedían o me seguían hasta mi casa para que les dé el dinero”, dijo.
Por otro lado, mencionó también que fue víctima de agresiones físicas por parte de los policías que protagonizaron la balacera. “Me manejaban como a su títere, me golpearon entre todos y, no conformes con eso, me echaron gas lacrimógeno en la cara”, aseguró.
Respecto a estas denuncias, este medio intentó comunicarse con el comandante Departamental de la Policía, Raúl Grandy, y el director de Diprove, pero no contestaron las llamadas. Sin embargo, en una entrevista a ATB, Grandy ratificó su denuncia y aseguró que el ahora denunciante tiene antecedentes.
Defensor del Pueblo
El delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, manifestó que esa entidad solicitará un informe pormenorizado al Comando de la Policía y a Diprove acerca de los policías que intervinieron y agredieron físicamente al procesado.
“Incorporar un arma de fuego nos hace ver que pretenden generar irregularidades”, declaró.
“Me manejaban como a su títere, me golpearon entre todos y, no conformes con eso, me echaron con gas lacrimógeno”
USO DE ARMA DE FUEGO
La Policía está facultada a utilizar armas de fuego como último recurso, cumpliendo con los principios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad.
El policía sólo debe emplear armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o por impedir su fuga, y sólo en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
