Esqueletos en el armario de la economía

Dos calificadoras de riesgo han bajado el dedo a la economía boliviana. Moody´s y Fitch apuntan al deterioro de varios indicadores macroeconómicos para la reducción de su puntaje. En el primer caso pasamos de B1 a B2 y en el segundo de B+ a B. En ambos casos se revisó la perspectiva socioeconómica de estable a negativa.

Esta información está dirigida a los radares de los mercados internacionales y de inversores locales. De manera concreta, una menor calificación aumenta el costo de conseguir préstamos para el país en los mercados de capitales mundiales. También hace más difícil la atracción de inversión extranjera directa y ciertamente, frena a los inversionistas nacionales.

En efecto, los indicadores macroeconómicos, sociales y políticos muestran que nos encaminamos a una de las peores crisis en los últimos 50 años.

En 2020, la economía boliviana registrará una recesión del 6,2%. La desaceleración del producto interno bruto comenzó en 2014 y se agravó con la pandemia y la cuarentena. No sabemos si el achicamiento de la economía será por uno año o se mantendrá por varios periodos. En el año que termina, el desempleo será cercano al 12%. Personas sin trabajo y familias sin ingreso presagian aumento de la pobreza y crisis social.

En los próximos meses se espera una inflación baja, no superior al 3% e inclusive es posible que se registren precios negativos. Estos resultados no son más que la otra cara del parón productivo.

La desaceleración de la economía desde 2015 y la recesión de 2020, buscaron ser atenuadas perdiendo reservas internacionales –pasaron de 15.000 millones de dólares a 6.500 millones en seis años– y tolerando un mayor déficit público. El desangrado del erario nacional comenzó en 2014. Este año, 2020, el agujero fiscal (mayores gastos que ingresos) llegará al 12% del producto interno bruto (PIB). Ambos desajustes macroeconómicos colocaron mucha presión al tipo de cambio, que, a pesar de todo, se mantuvo fijo.

También hay preocupación sobre la deuda externa de Bolivia que está en torno del 28% del PIB. Valor aceptable para los parámetros internacionales. Sin embargo, el servicio de la deuda externa (pago de capital e intereses) es alto, 800 millones de dólares por año. Para 2021 y 2022, este valor se dispara a más de 1.300 millones de billetes verdes. Estos elevados compromisos financieros son complicados dado que se necesitan recursos externos para salir de la crisis.

Al deterioro de estos indicadores de corto plazo, se suman la enorme incertidumbre política y los problemas de gobernabilidad que podrían avecinarse con un voto muy disperso. También es previsible que se acentúe la conflictividad social. Sin duda habrá mucha presión, de grupos corporativos, sobre los recursos del Estado, buscando apoyo. Finalmente, con los incendios forestales en el oriente boliviano se ha agravado la crisis ambiental.

Por supuesto estos son los indicadores conocidos. Sin embargo, después de 14 años del gobierno de Morales, también deben existir muchos esqueletos en el armario económico. En los pocos meses que le queda al Gobierno de transición, este haría un gran servicio a la nación y mejoraría su karma político si realiza auditorías en algunas áreas claves de la economía. Por ejemplo, no se conoce en profundidad la situación de varias empresas públicas, tampoco de proyectos gigantes como el teleférico, la planta de Bulo Bulo, San Buenaventura y un largo etc.

La herencia de corto y largo plazo de la economía boliviana es muy compleja y las soluciones, que sí existen, no están exclusivamente en el lado técnico y sí en el político. La velocidad, la dirección y la calidad de la recuperación económica dependerá de la gobernabilidad que tenga la próxima administración. Esta se asienta sobre todo en tener una mayoría simple en la Asamblea Plurinacional, y en la capacidad y mecanismos de negociación con la sociedad civil, los movimientos sociales. Estos, por razones políticas y económicas, irán con mucha fuerza sobre los escasos recursos del Estado.

Dada la distribución de los votos de las encuestas, las elecciones de octubre se juegan en dos tableros. La victoria en los departamentos de Potosí, Tarija, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Pando determinarán la gobernabilidad en la Asamblea. La votación en Santa Cruz y La Paz determinará el triunfo nacional.

Dado el fracaso de los políticos para crear un frente democrático contra el populismo autoritario, la estabilidad política estará en manos de los votantes. No hay salida económica sin una mínima gobernabilidad política. Revertir las múltiples crisis que enfrenta Bolivia y enterrar a los esqueletos ocultos en el armario de la economía es una tarea colectiva. Primero con los votos y después con nuestra capacidad de pactar.

El autor es economista