Leyes deja en manos de la justicia la decisión sobre su suspensión
El alcalde José María Leyes afirmó que aceptará la determinación de Sala Constitucional II, ya sea para su suspensión de 30 días emitida por el Concejo Municipal por vulnerar normas de contratación o por su continuidad.
El alcalde suplente Iván Tellería interpuso el pasado martes una “acción de cumplimiento” al Tribunal Departamental de Justicia para que Leyes acate la suspensión.
“Si la Sala Constitucional (que se desarrollará hoy) rechaza la solicitud de Tellería, pido a los concejales que se comprometan a no intentar ningún nuevo golpe municipal y se comprometan a ser coadyuvantes de la gestión municipal, que colaboren cuando el Ejecutivo envíe una ley en beneficio de la población”, sostuvo Leyes.
Al respecto, el concejal Sergio Rodríguez respondió que todo lo que llegó del Ejecutivo al Concejo Municipal, siempre y cuando tuviera beneficios para los cochabambinos, fue apoyado y aprobado.
El martes 13 de octubre, el Concejo Municipal suspendió a Leyes por vulnerar las normas de contratación por simular la compra de vehículos para la Policía en 2016. Sin embargo, el burgomaestre no acató y se puso a inspeccionar distintas obras.
Esta situación deja al municipio en incertidumbre y sin solución a una de las demandas de canastas escolares por parte de padres de familias. La promulgación de la ley modificatoria para la dotación de la canasta escolar con un presupuesto de 42,4 millones de bolivianos aún está paralizada.
El concejal Edwin Jiménez considera que la autoridad jurisdiccional determinará hoy quién estará al mando de la Alcaldía durante el tiempo establecido y así se podrá quitar la incertidumbre de los ciudadanos.
Rodríguez cree que este beneficio se debió entregar en agosto pasado. Asimismo, el contar con “dos alcaldes” dilata en varias áreas como la firma de cheques, trámites administrativos y otros.
“No se puede pagar el salario a dos alcaldes. Realmente, la gestión de Leyes es una vergüenza y con esta pugna ha tocado fondo”, agregó Rodríguez.
La concejala Rocío Molina consideró que no se trata de una “pulseta”, sino de una obstaculización de parte de Leyes en cumplir la norma.
Presupuesto para Covid-19
Jiménez dijo que la crisis de gestión municipal en la Alcaldía también revela la falta de ejecución en planes, programas y proyectos para la lucha contra la Covid-19.
De acuerdo con el informe del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), la Alcaldía sólo ejecutó el 44 por ciento de los más 95 millones de bolivianos. Jiménez señaló que no existen informes y se desconoce el uso que se dio.
Jiménez explicó que, para su ejecución, la norma permitió adquisiciones por invitación directa.
“Queremos que nos digan en qué se ha gastado la plata. Nos hacen llegar unos informes generales, lo cual muestra una falta de transparencia de parte del Ejecutivo”, indicó.
