Lucho y los chuteros
La semana pasada, desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando se informó que en la zona de Patacamaya un vehículo que transportaba efectivos militares “fue interceptado de manera violenta por comunarios y ‘chuteros’ que se dedican al contrabando”. Además, los emboscadores volcaron, apedrearon el motorizado y sustrajeron armamento militar. Un incidente lamentable que no fue debidamente atendido por la ciudadanía. En marzo pasado, desde esta columna alerté que la diputada y vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, tenía listo un proyecto de ley que permitirá al Gobierno legalizar más de 200.000 “autos chutos”.
El escenario está claro. Desde los movimientos sociales afines al masismo se está alentando el contrabando de vehículos, actividad que ensombrece aún más la desastrosa imagen del actual Gobierno. No me extrañaría que el Viceministerio de Política Tributaria termine presentando un proyecto de ley que beneficie a estos contrabandistas con una nacionalización masiva de automóviles “chutos”. El mensaje nocivo es este: contrabandea todo lo que puedas, porque todos terminaremos perdonados. Es que el Gobierno del presidente Lucho tiene que frenar en seco estos actos ilícitos, porque ese vicio azul de omitir el pago de impuestos puede desmotivar a los contribuyentes formales, y hacer que se vuelquen de lleno en esa dinámica malsana de omitir el pago de impuestos, con miras a un futuro “perdonazo”.
Todo boliviano decente sabe que las comunidades indígenas de Oruro, La Paz y Potosí están operando con actividades ilícitas de contrabando. Abierta y manifiestamente resisten las acciones de control y fiscalización de las autoridades tributarias, recurren a actos de violencia o intimidación para cometer el ilícito o evitar su descubrimiento, emplean armas o explosivos y participan en grupos numerosos de personas. Debo decirles a mis lectores que estas acciones constituyen agravantes del delito tributario de contrabando, con penas privativas de libertad que van de 8 a 12 años de cárcel; pero me pregunto ¿cuántos hermanos indígenas están en la cárcel por contrabandear?
Si la Aduana Nacional de Bolivia, con escándalo público de por medio, incauta algún juego electrónico o una tanga sugerente en el aeropuerto de Viru Viru, ya debería asumir su misión institucional en esos cotos libres o paraísos fiscales del occidente del país, y luchar de verdad contra los contrabandistas. Porque sí sería un escándalo mayúsculo si, junto con los militares agraviados, no inicia procesos penales por contrabando contra los comunarios de Patacamaya, que están debidamente identificados. Los servidores públicos que diseñan la política tributaria de Bolivia deben pensar dos veces antes de proyectar un nuevo “perdonazo” de impuestos en beneficio directo de estos contrabandistas, además deben valorar exhaustivamente los costos y beneficios que esa amnistía tributaria conlleva.
A estas alturas el sistema tributario boliviano ha perdido credibilidad y también las autoridades que lo administran. En la lógica gubernamental, la amnistía fue creada para beneficiar a los “incumplidores” y los delincuentes, y para las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional de Bolivia sería un error perdonar estos ilícitos tributarios en plena bonanza de las recaudaciones, superando porcentajes jamás vistos en países civilizados (>800%), porque para el Gobierno del presidente Lucho no existe la excusa de la pandemia para dejar de recaudar. Definitivamente ya no existe sintonía entre el Gobierno y el universo de contribuyentes que de verdad paga todos los impuestos.
El autor es abogado
Columnas de MARCELO GONZALES YAKSIC
